CIDH demanda al Congreso no aprobar la ley de impunidad para militares y policías procesados en casos de lesa humanidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recalcó que la prohibición de otorgar amnistías en casos de violaciones de derechos humanos es una obligación internacional y recalcó que con esta ley se afectarían a 600 procesos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y masacres.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demanda al Estado peruano a abstenerse de aprobar la ley de amnistía para militares y policías procesados por su accionar en el periodo del conflicto armado interno.
La comisión recalcó que la prohibición de otorgar amnistías en casos que involucran violaciones de derechos humanos es una obligación de derecho internacional reconocida en el sistema interamericana desde 1992.
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"En el caso Barrios Altos, así como en el marco de supervisiones con el caso La Cantuta, la Corte Interamericana ha señalado, consistentemente, que son inadmisibles las amnistías, prescripciones y excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación", dice el pronunciamiento de la CIDH.
Y, además, recordó que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el proyecto de ley afectaría a 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso que incluyen casos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, masacres, entre otros.
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El proyecto de ley de amnistía para agentes del Estado peruano fue aprobado en la legislatura que terminó el 15 de junio. Falta la segunda votación en el Pleno del Congreso y que el Ejecutivo luego la promulgue.
No es la primera vez que la CIDH se pronuncia sobre esta iniciativa. Hace dos semanas, la comisión afirmó que "en el caso de Perú son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción o que excluyen de responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los responsables de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales".
Congreso contra la CIDH
Tampoco es la primera vez que el Congreso pretende desacatar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Como se sabe, uno de los objetivos de esta institución es que el Estado peruano se retire del Pacto de San José. Para eso buscaron crear una comisión de alto nivel.
El primer ministro Eduardo Arana, cuando solicitó el voto de confianza al Congreso, propuso también crear una comisión multisectorial para evaluar la permanencia del Estado peruano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, respondió que esa propuesta responde a un pedido de los congresistas y la sociedad civil. "Pero nada asegura que el Perú salga de la entidad internacional", dijo.
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