Pataz: Cinco miembros de asociación de mineros informales están afiliados al partido Podemos
Integrantes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz) se unieron al partido Podemos Perú, durante votaciones que se realizaban en el Congreso para la ampliación del Reinfo.
La República en GoogleCinco mineros integrantes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz) se afiliaron al partido Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, durante las votaciones clave sobre la minería informal en el Congreso. Las afiliaciones coinciden con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), según lo informó el programa Cuarto Poder.
La afiliación que más llama la atención es la de José Torrealva Yparraguirre, presidente de AMA Pataz y exalcalde. Torrealva visitó 28 veces el Congreso entre 2023 y 2024, muchas veces durante los debates sobre el Reinfo. Junto a él se afiliaron otros cuatro dirigentes: Víctor Hugo Pariatón García, Rosario García Julca, Pedro Ramírez Aguilar y Octavio Aranda Campos. Todos ellos forman parte del consejo directivo de AMA Pataz
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Torrealva Yparraguirre también es gerente de Inversiones Daymart, una empresa que transportó un aproximado de 25 toneladas de oro valoradas en más de 4 millos de dólares entre enero y agosto de 2024. Estas cargas pasaron por el punto de control policial de Chagualito, que carece de la presencia de una sede de la Sunat y del Ministerio de Energía y Minas, lo cual impidió la verificación de la legalidad del mineral.
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Pataz sufre crisis de inseguridad debido a la minería ilegal
La región de Pataz se enfrenta una constante crisis de inseguridad debido a la minería ilegal y la criminalidad. Desde 2022, la minera Poderosa ha sido atacada con la dinamización de sus torres de alta tensión por al menos unas 17 veces, lo cual afectó la ventilación de los socavones y puso en riesgo a los trabajadores. Además, diferentes organizaciones criminales han irrumpido en los túneles durante la noche.
El panorama refleja la clara convergencia de los intereses políticos, económicos y criminales de la zona, evidenciando la necesidad de fortalecer el control estatal y la revisión de los mecanismos de formalización minera para evitar que sean usados como fachada para actividades ilegales.
