Martín Vizcarra: Poder Judicial admite apelación para seguir investigándolo por caso Richard Swing
El Poder Judicial evaluará si se amplía el plazo de investigación preparatoria contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing. La Fiscalía alega que hay diligencias pendientes.
- Promovieron la reelección, pero quedaron fuera del próximo Congreso
- Militares dispararon 60 veces a 4x4 en la que murieron 5 civiles
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por el Ministerio Público para ampliar el plazo de investigación preparatoria contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del caso Richard Swing. La Fiscalía busca sumar ocho meses a las indagaciones, al considerar que aún quedan diligencias claves pendientes.
Este recurso fue presentado luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazara inicialmente el pedido de extensión. Según su resolución, la solicitud se ingresó el 13 de diciembre de 2024, un día después del vencimiento del plazo legal para hacerlo. No obstante, el magistrado accedió ahora a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revise el recurso.
TE RECOMENDAMOS
¡FIN DE LA PRIMERA VUELTA! Y ROSA MARÍA RESPONDE ACUSACIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría
La investigación gira en torno a las contrataciones de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura durante el gobierno de Vizcarra. El Ministerio Público sostiene que el exmandatario habría tenido participación directa en la incorporación del artista al Estado, a pesar de que no cumplía con el perfil requerido.
Además del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado también presentó un recurso similar. Ambas apelaciones serán evaluadas por la Corte Suprema, que deberá decidir si se convoca a una audiencia virtual para escuchar a las partes antes de emitir un fallo definitivo.
El caso estalló en 2020, tras la difusión de un reportaje que reveló que Richard Swing firmó hasta nueve contratos con el Mincul por un monto superior a los S/175.000. Dos de esos contratos fueron suscritos durante el confinamiento por la COVID-19, lo que generó mayor polémica debido al contexto de crisis sanitaria. Las contrataciones incluyeron servicios como charlas motivacionales, pese a que no estaban alineados con la experiencia del proveedor.
