Prisión preventiva de Pedro Castillo: expresidente busca salir de la cárcel y solicita vigilancia electrónica
El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó el recurso de apelación y lo remitió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
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Pedro Castillo no cesa sus intentos legales para librarse de la prisión preventiva que cumple en el penal de Barbadillo. El expresidente ha solicitado que se le imponga imponga vigilancia electrónica en el proceso penal en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria concedió el recurso de apelación presentado por la defensa legal del expresidente, en la que pedía que se revise la resolución que emitió, el 29 de enero último, el juez supremo Juan Carlos Checkley en la que declaró infundada la solicitud que hizo para que se revoque la prisión preventiva y se aplique la vigilancia electrónica. Según la defensa, identificaron nuevos elementos de convicción que demostrarían la no concurrencia de los delitos que le atribuye la Fiscalía a su cliente.
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Pedro Castillo podría ir a audiencia virtual
La defensa indicaba que Castillo Terrones ha sido “agraviado con la Resolución número 03 del 29 de enero de 2025″, en la que el juzgado declaró infundado el pedido de libertad, por esto solicita que "se revoque la resolución impugnada en el extremo que declara infundada la solicitud de cese de prisión preventiva; y, por tanto, se le otorgue a su defendido la vigilancia electrónica”.
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Tras el pedido, el juez supremo Juan Carlos Checkley el recurso de apelación y lo remitió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En caso esta instancia acepte el pedido, se convocará a audiencia virtual.
PJ programa para el 4 de marzo inicio del juicio oral contra expresidente por golpe de Estado
Por este mismo caso, el Poder Judicial programó para el próximo 4 de marzo el inicio del juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, como coautor de los presuntos delitos de rebelión y como autor de abuso de autoridad, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 en su mensaje a la Nación, en el que anunciaba la disolución del Congreso.
En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad para el exmandatario y una reparación civil de S/65 419.038,53 soles a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria, así como la inhabilitación de la función pública del exjefe de Estado por tres años y seis meses.
De acuerdo a la resolución judicial, la audiencia del inicio del juicio oral alcanza a Betssy Chávez, Willy Huerta Olivas, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado, Eder Infanzón Gómez, por quienes el Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión, ser inhabilitados de ocupar cargos públicos por dos años y seis meses y una reparación civil de S/64.419.038,53. Sin embargo, en el caso de Aníbal Torres se ha solicitado 15 años de prisión.
De igual manera, la citación también incluye al congresista Roberto Sánchez Palomino; sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado un pedido de la defensa del exministro de Comercio Exterior y Turismo para archivar la acusación de presunta rebelión.
