Poder Judicial prolonga prisión preventiva de Betssy Chávez por 15 meses
Con esta decisión, la exprimera ministra de Pedro Castillo continuará privada de libertad hasta el 19 de marzo de 2026. Se le investiga por el presunto delito de rebelión.
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El Poder Judicial amplió por 15 meses la prisión preventiva contra Betssy Chávez, exprimera ministra del gabinete de Pedro Castillo, en la investigación por el presunto delito de rebelión en el golpe de Estado. La medida se cumple con retrocatividad, desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026.
Inicialmente, Chávez Chino cumplió 18 meses de prisión preventiva, hasta el pasado 19 de diciembre de 2024.
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Ante esto, el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay solicitó al Poder Judicial prolongar la prisión preventiva por otros 18 meses, sin embargo, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkey Soria, solo otorgó 15 meses adicionales.
La fiscalía considera que en estos 15 meses debe realizarse y concluir el juicio público por el frustrado golpe de Estado protagonizado por el expresidente Castillo, que estará a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
El abogado de la ex premier, Raúl Noblecilla criticó la decisión judicial. "El juez Juan Carlos Checkley no administra justicia, administra venganza política. Betssy Chávez es una secuestrada del sistema corrupto que persigue a sus adversarios. Su prisión preventiva es ilegal", señaló a través de redes sociales.
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¿Cuáles fueron los motivos de la Fiscalía para pedir la ampliación de la prisión preventiva?
El fiscal supremo Alcides Chinchay alegó que la ampliación de la prisión preventiva responde a dos factores principales: el tiempo necesario para completar el juzgamiento y el riesgo de fuga o interferencia en el proceso por parte de la expremier.
Además, respecto de la duración de la medida restrictiva de libertad, explicó que el juicio, podría extenderse debido a la cantidad de pruebas y al número de procesados.
Junto a Chávez Chino, el juicio incluye al expresidente Pedro Castillo y los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta, Roberto Sánchez y tres oficiales de la Policía Nacional.
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Sobre el riesgo de fuga, la fiscalía señala incidentes pasados, como el pedido de Chávez a un conductor de la PCM para que la trasladara a la Embajada de México tras el fallido golpe de Estado, aprovechando que ese país había ofrecido asilo político a Castillo y su familia.
Asimismo, se mencionó el retiro de bienes del despacho de Chávez tras la crisis política, según declaraciones de su exsecretaria.
El fiscal Chinchay subraya que la ampliación de la prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia de la acusada durante el proceso judicial y evitar que eluda la acción de la justicia, lo que podría frustrar las siguientes etapas del caso.
Por su parte, en su resolución, el magistrado Juan Carlos Checkey sostuvo que existe peligro de fuga y de obstaculización y, por ende, la posibilidad de que la acusada pueda sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar el proceso.
