Congreso aprobó en primera votación proyectos de ley que sancionan a jueces y fiscales por liberar a detenidos en flagrancia delictiva

Con 84 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación los proyectos de ley 8507 y 8959 que establecen sanciones disciplinarias y penales para los jueces que dicten detenciones preliminares, prisiones preventivas o sentencias condenatorias que sean revocadas por la instancia superior. Además, de que también se podrían sancionar a los fiscales que soliciten dichas medidas.

Durante la sesión, se votó para que dichas propuestas sean exoneradas de una segunda votación. Sin embargo, no se alcanzaron los votos suficientes. Las propuestas legislativas 08507/2024 y 08959/2024 fueron presentadas por las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, respectivamente. Y la Junta de Portavoces, en la sesión del pasado 10 de octubre, acordaron —para ambos proyectos— la exoneración de dictamen por parte de la Comisión de Justicia.

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Horas antes, a través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Lima pidió al Congreso respetar la división de poderes y la independencia judicial en el marco de la votación de ambos proyectos de ley que habían sido puestos en agenda. En el documento, alertaron que el Congreso iba a someter a debate proyectos que modifican la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, "estableciéndose sanciones disciplinarias y penales a los jueces que dictaren detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria y fueran revocadas por la instancia superior, pretendiéndose de manera similar sancionar también a los fiscales que hubieren solicitado dichas medidas".

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Durante la votación de las propuestas legislativas 08507/2024 y 08959/2024, en entrevista para Canal N, el presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, Oswaldo Ordóñez, se pronunció en contra de ambos proyectos. "Con esta ley se está criminalizando la función jurisdiccional y la función fiscal al generar como un hecho delictivo las diferencias de criterios de opinión". Además, señaló que se han creado infracciones que las están tipificando como faltas graves y que podrían desencadenar la destitución de un juez o fiscal.

"Se quiere criminalizar cuando un juez dicta una detención preliminar, preventiva, y esa resolución es revocada. En ese sentido, habría la posibilidad de que un juez pueda ser procesado penalmente", agregó Ordóñez Alcántara, recalcando que este tipo de leyes afectan el principio de separación de poderes, contra la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y la independencia de los jueces.

Se pronuncian sobre las sanciones a jueces y fiscales

Por su parte, Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, justificó la propuesta señalando que esta busca establecer medidas concretas y directrices claras para orientar el uso adecuado de la discrecionalidad en la administración de justicia. Y mejorar la eficiencia del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada. Por lo que se modificarían los artículos 47 de la Ley de Carrera Fiscal, 48 de la Ley de Carrera Judicial y 428 del Código Penal.

Mientras que la congresista Sigrid Bazán se pronunció a través de sus redes sociales para mostrar su rechazo ante la primera aprobación de los proyectos de ley. "Después de 8 horas —y de haber mandado todo a la congeladora— el Congreso solo aprueba una iniciativa claramente inconstitucional que le quita poder y autonomía a la función de jueces y fiscales", se lee la publicación realizada a través de 'X'.

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Congreso no derogará la Ley 32108

Luego de un extenso debate, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció a las 10:59 de la noche del viernes 11 de octubre, que el titular de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, presentaría al Pleno un nuevo texto sustitutorio. Este texto propone modificaciones a la Ley de Crimen Organizado y elimina el término "terrorismo urbano", que había generado controversias. En su lugar, se introduce la figura del "delito de criminalidad sistemática", abriendo nuevamente el debate.

El texto sustitutorio, que retira la mención de "terrorismo urbano", sigue la misma línea del proyecto presentado el pasado 3 de octubre, pero añade más ajustes al Código Penal. Sin embargo, esta nueva propuesta llega en un momento de tensión, ya que los gremios de transportistas han alertado con iniciar un paro indefinido si no se archiva la ley de Crimen Organizado y el texto sustitutorio de "terrorismo urbano".