Gobierno de Dina Boluarte rechaza pagar defensa de Pedro Castillo por negociación incompatible
El Ejecutivo negó esta solicitud debido a que el caso no está relacionado con sus funciones presidenciales en la presunta coordinación para la contratación de locadores en Despacho y Midagri.
El Despacho Presidencial, bajo la administración de Dina Boluarte, declaró improcedente la solicitud presentada por el expresidente Pedro Castillo para cubrir los gastos de su defensa y asesoría legal en una investigación fiscal en su contra por el presunto delito de negociación incompatible. Este caso fue dado a conocer por el periodista Carlos Viguria.
"Declarar improcedente la solicitud de defensa y asesoría legal del señor José Pedro Castillo Terrones, ex presidente de la República, efectuada mediante Carta S/N, de fecha 19 de agosto de 2024…, por los fundamentos expuestos precedentemente", se lee en la resolución.
El documento oficial, firmado por Antonio Mirril Ramos Bernaola, subsecretario general del Despacho Presidencial, fue emitido el 23 de agosto y reafirma la decisión del gobierno de no financiar la defensa de Castillo en este caso.
La resolución destaca que los hechos investigados no están relacionados con el ejercicio regular de las funciones presidenciales, lo que justifica la negativa del apoyo solicitado.
Esta investigación es solo una de las múltiples que enfrenta el exmandatario, quien actualmente cumple dos órdenes de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate. Las causas principales de su reclusión son el intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022 y su presunta participación en una organización criminal.
La investigación fiscal en cuestión, identificada como la carpeta N.º 99-2022, se centra en presuntas irregularidades en las coordinaciones realizadas para la contratación de locadores tanto para el Despacho Presidencial como para el Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, durante la administración de Castillo.
El exjefe de Estado solicitó, el pasado 19 de agosto, apoyo económico del gobierno para costear su defensa ante las acusaciones formuladas por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, donde se le señala como instigador del delito de negociación incompatible.
En la solicitud presentada, Castillo adjuntó documentos que acreditan la extensión del plazo para las diligencias preliminares en su contra, con fecha del 26 de abril de 2024, así como la declaración de complejidad de la investigación preliminar, emitida el 26 de junio de 2024. Asimismo, incluyó compromisos de reembolso y devolución de fondos en caso de ser hallado culpable, junto con su propuesta de defensa.
La resolución concluye que, dado que los hechos investigados no están vinculados al ejercicio regular de sus funciones como presidente, la solicitud de Castillo para recibir apoyo económico del Estado es improcedente. Asimismo, se dispuso que Castillo fuera notificado de esta decisión en un plazo de un día hábil después de la emisión del fallo.
Esto se da un contexto en el que Dina Boluarte le rechaza el pedido a Castillo, pero decide concedérselo al expresidente Ollanta Humala. Por un caso de colusión agravada en la Corte Superior de Lima Sur, donde se investiga la designación de un general de su promoción en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Según se alega, este general habría recibido la orden de adquirir equipos de interceptación telefónica. Esto decisión se da luego de que la Fiscalía presentara dos denuncias en un solo día contra el expresidente.
Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo por designación de Juan Carrasco
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, y Guido Bellido Ugarte, expresidente del Consejo de Ministros.
Ambos son acusados como autores de la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal en perjuicio del Estado, relacionado con la designación de Juan Carlos Carrasco Millones en el Ministerio del Interior.
Según la Fiscalía, el nombramiento de Carrasco Millones como ministro del Interior es considerado ilegal, ya que al juramentar el 29 de julio de 2021, aún ocupaba el cargo de fiscal provincial titular especializado en criminalidad organizada en Lambayeque, lo que constituía un impedimento legal y constitucional.
Más tarde, la Fiscalía presentó una nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el presunto delito de peculado de uso. Se le acusa de haber utilizado aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y del Ejército del Perú para trasladarse al cumpleaños de su hermana en Cajamarca.
