Las leyes y el proyecto del Congreso que beneficiarían a Keiko Fujimori en el juicio por el caso Cócteles
Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular enfrentan una investigación por lavado de activos y organización criminal que podría llevarlos a una condena de más de 30 años de cárcel.
El período legislativo 2023-2024 culminó el pasado 15 de junio, pero el Congreso dejó una ley aprobada y dos proyectos de ley pendientes de una segunda votación para que puedan ser aplicables en el ámbito judicial. Sin embargo, dentro de las investigaciones fiscales que estas alcanzarían se encuentran los casos que involucran, por ejemplo, a los partidos de Perú Libre, Podemos Perú y Fuerza Popular. De aprobarse, estas iniciativas podrían beneficiar a dichas agrupaciones políticas, ayudándolas a evadir responsabilidades legales por los cargos que actualmente enfrentan.
Específicamente, podrían influir en el desarrollo del juicio que iniciará el próximo lunes 1 de julio contra Keiko Fujimori y otros 47 implicados en el caso Cócteles, a quienes la Fiscalía les atribuye principalmente los delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y lavado de activos por los fondos que el partido Fuerza Popular recibió durante las campañas electorales de 2011 y 2016.
La ley Soto
El pasado mes de mayo, el Congreso de la República aprobó en primera votación una propuesta legislativa que busca que la Ley 31751, conocida también como la Ley Soto, sea aplicable. La iniciativa, que fue aprobada con 67 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones, obligaría a los jueces a aplicar la norma que ha sido considerada inconstitucional por la Corte Suprema.
La ley Soto fue planteada por congresistas de diferentes bancadas en enero del año pasado y puesta en agenda por Alejandro Soto en marzo de 2023. Su objetivo era modificar la suspensión del plazo de prescripción en el artículo 84 del Código Penal, estableciendo un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito.
La modificación fue aprobada dos meses después de entrar en la agenda del Pleno y promulgada sin observación alguna por el gobierno de Dina Boluarte en mayo de 2023. Sin embargo, fue cuestionada en aquel entonces al advertirse que era una ley que contaba con una amplia probabilidad de beneficiar a los investigados, cuyos delitos cometidos hasta antes del 25 de mayo de 2019 podrían prescribir sin recibir sentencia alguna. Uno de los beneficiados fue el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, a quien le aplicaron dicha modificación y pudo ser librado de una pena de más de 8 años de cárcel por el delito de estafa.
Posteriormente, la Corte Suprema del Poder Judicial resolvió en noviembre del año pasado que la ley Soto era desproporcionada e inconstitucional, exigiendo a los jueces no aplicarla. Por ello, la interpretación auténtica aprobada en primera votación en mayo de este año surgió como respuesta a esta resolución y buscaría que la ley 31751 sea aplicable.
Actualmente, si la interpretación auténtica de la ley Soto fuera aprobada en el Congreso y obligara a que se apliquen en las investigaciones vigentes, llegaría a beneficiar a Keiko Fujimori, debido a que los hechos que se le imputan fueron realizados hace más de 10 años. Al exceder el plazo que la modificación a la ley 31751 propone, los delitos de crimen organizado o lavado de activos que se le adjudican a la hija del expresidente Fujimori y otros implicados prescribirían y el desarrollo del juicio que inicia el próximo 1 de julio tendría alguna modificación.
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Modificación de la ley contra el crimen organizado
El Congreso también aprobó en primera votación, con 43 votos a favor, la modificación de la ley contra el crimen organizado. El proyecto, cuya autoría es de Waldemar Cerrón, busca establecer con precisión cuáles serían las características necesarias para tipificar a una organización criminal y modificar el procedimiento de allanamiento judicial, el cual debería realizarse siempre y cuando se encuentren presentes el abogado y el investigado.
Esta modificación también tuvo múltiples reacciones por parte de gremios y entidades públicas que manifestaron su preocupación, ya que esta modificación representaría un retroceso en la lucha contra la criminalidad. Además, estaría beneficiando, por ejemplo, al hermano de Waldemar Cerrón y líder de su partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia al ser señalado como líder de una organización criminal vinculada al caso 'Los Dinámicos del Centro'.
Los implicados en el caso Cócteles también serían beneficiados si se aprobase la modificación de la ley, debido a que Keiko Fujimori es acusada, según la tesis fiscal, de liderar una organización criminal estructurada dentro de Fuerza Popular. Los integrantes también investigados por lavado de activos son señalados de realizar diversas modalidades para justificar los ingresos de dinero ilícito para la campaña electoral del partido en 2011 y 2016.
Exonerar a los partidos políticos de investigaciones
Otra aprobación de ley que favorecería directamente al partido de Keiko Fujimori en el ámbito judicial es el dictamen elaborado por la Comisión de Constitución, presidida por la congresista Martha Moyano, y la Comisión de Justicia, dirigida por Américo Gonza de Perú Libre. La cual fue aprobada con 88 votos a favor y busca que los partidos políticos sean excluidos de responsabilidad.
La ley que modifica el artículo 105 del Código Penal fue promulgada días antes de culminar el periodo legislativo 2023-2024 y establece que la responsabilidad penal le sea aplicada solamente de manera individual a los sujetos implicados en el caso.
Fuerza Popular se encuentra actualmente como persona jurídica dentro de la investigación del caso Cócteles, siendo acusada de participar en el lavado de activos y organización criminal. No obstante, la aprobación de esta ley, semanas antes a que se dé inicio al juicio oral contra Keiko Fujimori y su cúpula partidaria, podría verse afectado.
