En la Fiscalía de la Nación conocían el espionaje
Nuevas revelaciones. El 13 de octubre y 21 de diciembre, la máxima autoridad del Ministerio Público fue advertida de la existencia de una irregular investigación a periodistas de La República y Sudaca, camuflada en Cuellos Blancos del Puerto.
Desde octubre del 2023, el despacho de la Fiscalía de la Nación tuvo conocimiento de que el caso Cuellos Blancos del Puerto se utilizó para realizar un ilegal seguimiento y videovigilancia a periodistas del diario La República y el portal web Sudaca, de acuerdo con información reservada a la que hemos tenido acceso en los últimos días.
En octubre todavía era fiscal de la Nación la suspendida Patricia Benavides. El 13 de octubre del 2023, el fiscal provincial Cristhian Alfaro Cáceres emitió el informe n° 1310-2023EEF-LCBP-MP-FN dirigido al fiscal superior Elmer Ríos Luque, coordinador general del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, para conocimiento de la Fiscalía de la Nación, sobre una serie de presuntas irregularidades que había encontrado al asumir el tercer despacho del equipo especial.
Cristhian Alfaro ya había emitido el 18 de setiembre otro informe sobre los hallazgos encontrados.
Sin obtener respuesta de sus superiores, el 21 de diciembre del 2023, ya con el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, Alfaro Cáceres envió directamente el oficio n° 511-2023-FSUPRA-EEF-CBP-3D-MP-RP al nuevo fiscal de la Nación en el que da cuenta de los informes elevados a través del coordinador general.
“En tal sentido, es menester que vuestro despacho tome conocimiento cabal de los mismos, pues en el segundo informe aludido se da cuenta que se venía investigando en secreto a periodistas (del diario La República y el medio digital Sudaca), entre otras irregularidades”, precisa el oficio.
En tanto, en el informe dirigido a Ríos Luque se señala que hay una investigación sensible seguida a dos periodistas de dos medios de comunicación con el plazo vencido que se había acumulado irregularmente a una nueva carpeta, el 13 de setiembre del 2023, que podrían generar denuncias penales.
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En esta nueva carpeta, el 28 de setiembre la fiscal Magaly Quiroz amplió la investigación secreta hasta mayo del 2024. Un días después, Quiroz es retirada del equipo especial. No hay resolución que amplíe las diligencias especiales.
Los informes de Alfaro Cáceres dejan en claro que a Juan Carlos Tafur, director fundador de Sudaca, y a César Romero Calle, editor judicial de La República, se les investiga solo por su labor periodística.
Ayer, La República recibió copias de la carpeta fiscal 87-2023 donde, como señala los informes a la FN, no aparece ningún indicio de que estuvieran cometiendo un acto ilícito. A ambos se les atribuye el delito de publicar información que los fiscales consideran agraviante.
Falso teléfono
Todos estos documentos confirman que el caso Cuellos Blancos del Puerto solo sirvió de paraguas legal para justificar el seguimiento, videovigilancia, la observación de los domicilios de los periodistas y un probable chuponeo telefónico.
Sobre este último punto hemos encontrado que los fiscales Andy Rodríguez y Alessandro Castro atribuyen a César Romero números telefónicos que no le pertenecen, sin que en los ocho meses en que la investigación permaneció abierta se solicitara a una empresa de telefonía que confirme ese dato.
Uno de esos números aparece en la carpeta fiscal. Otro número fue utilizado ante el juez Leodán Cristóbal y la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones. El juez Ayala rechazó el alegato fiscal para preservar la libertad de información, mientras que el tribunal superior creyó en el dato falso, tal vez en un exceso de confianza.
De todo esto queda claro que incluir los nombres de los periodistas en la carpeta 87-2023 en la que se investigó a los abogados José Luis Castillo Alva y Percy León Alva, y luego en la carpeta secreta ST-1-2023, en la que se investiga a la exfiscal Rocío Sánchez y un grupo de policías, fueron solo una tapadera, una cobertura que justifique actos ilegales contra la prensa.
Falta confirmar cuál fue el alcance total de esta trama contra la libertad de información. ¿Solo abarcó la gestión de Patricia Benavides o es una práctica más generalizada?
La Corte Penal Nacional debe pronunciarse
Los fiscales Andy Rodríguez y Alessandro Castro han distribuido cartas de rectificación a los medios de comunicación, en las que afirman que la investigación a los periodistas estaría avalada por la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones.
La República solicitó una entrevista con la presidenta de dicho tribunal, la jueza superior Sonia Torre Muñoz. A través de la oficina de imagen, la magistrada respondió que el caso está en trámite y no puede declarar. Es decir, esa resolución está apelada.
El fiscal Andy Rodríguez fue retirado ayer de las fiscalías de ciberdelincuencia y retornará a una fiscalía de Arequipa.
Los informes a la FN
El 21 de diciembre, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, fue informado de una investigación secreta a dos periodistas.
Un informe previo llegó al fiscal superior Elmer Ríos Luque en la gestión de Patricia Benavides.
