Familiares de víctimas: Indulto a Fujimori nació negociado y se concretó negociado

A nombre de los familiares de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y de otros crímenes perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori, Gisela Ortiz objetó que el Gobierno de Dina Boluarte le haya regalado la libertad a Alberto Fujimori sin que sea su derecho.

Señaló la situación de desprotección en que se encuentran, ya que instituciones como el Tribunal Constitucional no garantizan sus derechos a la verdad y la justicia, tampoco velan por su cumplimiento.

"Sus miembros, mayoritariamente se han convertido en abogados defensores de Fujimori devolviendo el favor político del fujimorismo. Traiciona la obligación de garantizar la legalidad de los actos dando validez al indulto que nació negociado. Tampoco tenemos un Gobierno ni un Congreso que sean capaces de levantar sus voces en favor de las víctimas", cuestionó Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, estudiante desaparecido de La Cantuta.

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También habló Javier Roca, padre de Martín Roca Casas. Manifestó que no encuentra justicia a pesar de que el caso de su hijo está ampliamente comprobado.

Asimismo, se pronunció la excongresista Indira Huilca, hija del asesinado líder sindical Saturnino Huilca. Sostuvo que el indulto a Fujimori es una manifestación de aparatos corruptos que no se han extinguido.

"Desde los 90 a la actualidad han ido construyendo una maquinaria de corrupción y de poder enquistados en las instituciones, principalmente en el Parlamento, ahora en el Tribunal Constitucional, y con alianzas muy fuertes en el Gobierno actual. Estamos ante uno más de los hechos corruptos del fujimorismo", aseveró.

Los familiares ante la Corte IDH

Por su parte, la abogada Gloria Cano, de Aprodeh, dijo que ya han presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un informe sobre lo que ha ocurrido con este indulto, “con esta ilegalidad que han cometido el TC y el Ejecutivo”.

Refirió que, en mérito a lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, han solicitado a la Corte que emita una resolución en la que señale claramente que el Estado peruano ha desacatado una orden de la Corte IDH y con base en eso dirija también un informe a la Asamblea General de la OEA para su evaluación.

“Se está creando un grave precedente para desacatar cualquier disposición de la Corte IDH. Lo que está en juego es la legalidad de un orden interamericano al que cualquier ciudadano puede acudir ante la negación de justicia en el fuero interno”, mencionó Gloria Cano.