Familia de joven que perdió un ojo en protesta presentó denuncia contra Pedro Castillo y Aníbal Torres
En la denuncia también se ha incluido al ministro del Interior, Alfonso Chávarry; al jefe policial de Junín, Gregorio Villalón Trillo; y al mayor PNP de la Unidad de Servicios Especiales, Juan Carlos Romero Romero.
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La familia de Erwin Romero Corilloclla (27), uno de los jóvenes que perdió la vista parcialmente debido a la represión policial en Huancayo durante las protestas contra el Gobierno, ha interpuesto una denuncia contra el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres.
Los miembros del Ejecutivo han sido acusados por el delito de tentativa de homicidio, lesiones graves y exposición a peligro o abandono de persona en peligro, y contra la humanidad.
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La denuncia penal, que fue formalizada en la sede el Ministerio Público de Huancayo, también incluye al ministro del Interior, Alfonso Chávarry; al jefe policial de Junín, Gregorio Villalón Trillo; y al mayor PNP de la Unidad de Servicios Especiales, Juan Carlos Romero Romero.
Hace algunos días, Diana Romero, hermana del afectado, anunció que interpondría la denuncia. Asimismo, contó que su hermano se dedicaba al comercio ambulatorio. Flor Corilloclla Lazo, madre del agraviado, declaró a Huanca York Times que una lata de gas lacrimógeno había impactado en la cabeza de su hijo mientras protestaba junto con otros comerciantes por el alza de precios de los productos de la canasta básica.
Familiares del joven que perdió el ojo en las protestas de Huancayo presentaron una denuncia contra el presidente Castillo, el primer ministro y los jefes de la Policía. Foto: difusión
Erwin Romero fue alcanzado por un proyectil lanzado por la Policía Nacional en las manifestaciones del 2 de abril, en los exteriores del Coliseo Wanka. Allí se realizaba una reunión con ministros para llegar a acuerdos que solucionen las exigencias de la población respecto al alza de precios de fertilizantes y combustibles.
Hasta el momento es la primera y única denuncia penal contra altos funcionarios del Estado debido a su presunta responsabilidad en los actos violentos registrados durante las protestas que dejaron unos 28 heridos y tres personas fallecidas. Después de dichos acontecimientos, el Gobierno inició formalmente los diálogos para atender las demandas de transportistas y agricultores.
