Política

Gilmar Andía Zúñiga presentó su renuncia al cargo de viceministro de Justicia

“En mis más de 5 años en el Ministerio de Justicia nunca había evidenciado el debilitamiento institucional del que soy testigo ahora”, expresó el renunciante funcionario.

Gilmar Andía Zúñiga presentó su carta de renuncia al ministro de Justicia, Aníbal Torres. Foto: Minjus
Gilmar Andía Zúñiga presentó su carta de renuncia al ministro de Justicia, Aníbal Torres. Foto: Minjus

Renuncia. Gilmar Andía Zúñiga renunció al cargo de viceministro de Justicia este lunes 7 de febrero. Por medio de una carta dirigida al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Aníbal Torres, Andía sustentó su “renuncia irrevocable” en el sector. Esto ocurrió luego de cinco meses de haber sido designado como viceministro, el pasado setiembre.

“Luego de más de cinco años de trabajo ininterrumpido en el Ministerio de Justicia, ha sido una gestión donde he evidenciado acciones sin precedentes para el debilitamiento institucional y técnico de este ministerio, así como de sus órganos adscritos que impactan de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta cartera de cara a la población y sobre todo al sistema de justicia”, se lee en el documento.

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De acuerdo a Gilmar Andía, dentro del Ministerio de Justicia existe “el autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y el maltrato injustificado” hacia los profesionales que integran los equipos, lo cual “ha impactado de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta la institución”.

Seguidamente, el saliente viceministro recordó que hasta la fecha no se nombró a un nuevo procurador general de Estado tras la salida de Daniel Soria. “Esta situación ha dejado en indefensión los intereses del Estado peruano, que van más allá de los intereses particulares del Gobierno”, escribió.

Por otro lado, mostró su respaldo a Susana Silva Hasembak, quien renunció al cargo de presidenta del Consejo Nacional Penitenciario (INPE) el último 5 de febrero. Para Gilmar Andía, la extitular del INPE “ha realizado una gestión correcta sin mayor sustento que el ‘no acatar una orden’”.

”Esta es una clara muestra de injerencia en la autonomía de la que goza esta entidad, pues de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización y unciones del Minjus, este ministerio tiene una labor supervisora mas no decisoria sobre el manejo de las políticas penitenciarias”, señala.

Otro de los motivos que señala Andía es la postergación de la reforma de justicia. Aseguró que, pese a contar con una política pública y un plan de desarrollo que vino siendo trabajado en varias gestiones, “esta no ha sido ni mínimamente implementada sin tomar en cuenta el enorme beneficio que traería a la población y al sistema mismo”.

Por último, recalcó la falta de pronunciamiento institucional sobre las denuncias de violencia familiar contra el saliente titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Andía precisó que dejar de tomar una postura sobre el tema “marca un precedente negativo y envía una señal de impunidad hacia la sociedad”.

“Los hechos aquí narrados, así como la actitud recurrente que ha demostrado, han generado un clima en el que me resulta imposible continuar ejerciendo el cargo de manera técnica para la protección y mejorar del sistema de justicia, en beneficio de los ciudadanos a quienes nos debemos como funcionarios públicos”, concluye.

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