SAC delegó a Cavero la denuncia constitucional contra Merino por marchas de noviembre de 2020
Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez fueron denunciados por la Fiscal de la Nación por los crímenes policiales cometidos contra Inti Sotelo y Bryan Pintado.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso designó al legislador Alejandro Cavero, de la bancada derechista Avanza País, como el encargado de llevar la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, el exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por los crímenes policiales cometidos contra Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridos el 14 de noviembre del 2020.
Los tres ex altos funcionarios fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la muerte de los jóvenes Sotelo y Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas durante las manifestaciones de noviembre de 2020 en contra de la asunción al poder de Manuel Merino. Al exmandatario y a sus exministros se les señala de presuntamente haber cometido los delitos de homicidio y de lesiones graves y leves.
Killa Sotelo, quien desde un inicio ha estado buscando justicia para su hermano Inti, se ha pronunciado, y le ha pedido al congresista Cavero que “no sea cómplice”. “En tus manos está la búsqueda de justicia y reparación ante todos los hechos que violentaron los derechos humanos de muchos peruanos el 14 de noviembre. Por la memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado”, le dijo al congresista.
Pide justicia y reparación
Sotelo recordó que han “pasado un año y dos meses y aún no se ha iniciado el proceso judicial a los acusados de la violenta represión que ejercieron los agentes de la Policía Nacional del Perú”, y que “quienes tenían el deber de cuidado omitieron sus funciones constitucionales y legales básicas, en un contexto de violación de derechos humanos”.
Añadió que los familiares de las víctimas estarán vigilantes de este proceso, y pidió justicia y reparación. Asimismo, hizo un llamado a que la defensa de los derechos humanos estén “por encima de los intereses particulares”.
“Las familias y la población exigen justicia, no repetición, una reforma policial, reparación y sanciones ejemplares. Abajo la ley del gatillo fácil”, concluyó.
