Embajador denuncia a la Cancillería por sanción impuesta
Derechos. Según José Boza, suspensión de nueve meses contra él es resultado de un ensañamiento de ciertas autoridades.
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El caso de la denuncia mediática de abuso laboral en contra del exembajador Fortunato Quesada en el 2018 aún continúa a la interna de la Cancillería. El 18 de octubre el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Chávez, decidió suspender por nueve meses al embajador José Boza al hallarlo responsable de propiciar la grabación ilícita al entonces embajador Quesada.
Esto sin considerar la recomendación de la Comisión Disciplinaria de que la medida sea solo por un mes. Boza, en conversación con La República, califica la decisión de “inaudita” porque, señala, según los antecedentes se asume la recomendación o se impone una menor.
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La sanción es también más fuerte que la que recibió el ministro consejero Pedro Rubín, suspendido por seis meses por ser responsable directo de coordinar difundirlas las grabaciones.
Boza indica que la única instrucción que dio a Rubín, cuando este envió las grabaciones, fue la que le comentó el entonces canciller Néstor Popolizio: la denuncia debía presentarse por vía formal. Agrega que luego le dio su opinión de que, si no iba a seguir este canal, la otra opción era a través de la prensa. Acepta que esto pudo ser interpretado de distintas formas, pero insiste en que no buscó incentivarlo.
“Me acusó con una serie de antiargumentos jurídicos y con el resultado absurdo que muestra la injusticia y arbitrariedad en que quien tuvo un papel secundario tiene una sanción mayor de quien tiene la responsabilidad directa”, comenta.
El 16 de diciembre el canciller Oscar Maúrtua ratificó la medida ante la apelación de Boza. “Ha quedado bien clara la actitud, la saña, de ciertas autoridades”, dijo el embajador.
Demanda judicial
Boza se enteró de las decisiones cuando iniciaba su terapia contra un cáncer que le fue detectado en octubre del 2021, fecha en la que obtuvo licencia por salud. No obstante, la suspensión se impondría e impedirá que reciba sueldo en los nueve meses.
El embajador interpuso una demanda contenciosa administrativa que ya fue admitida. “No espero nada de las autoridades de la Cancillería. Lo que espero es curarme y constatar que quede demostrado lo injusto y arbitrario, y se revierta”, sostuvo.
Tras ser consultada sobre el tema, la Cancillería evitó responder por el caso en particular. “De acuerdo a las normas sobre la materia, el embajador Boza tiene expedito su derecho a acudir al Poder Judicial. El Ministerio de Relaciones Exteriores no realiza comentarios sobre un caso que ya ha concluido y se explica en las resoluciones expedidas”, indicaron este sábado.
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Diferencia de sanciones
La Comisión Disciplinaria concluyó que Boza “propició” la difusión de las grabaciones, pero no participó en la planificación de los hechos, por lo que recomendaron que la suspensión impuesta sea no mayor de un mes.
El viceministro agravó la medida al considerar que Boza, entre otros argumentos, tuvo mayor jerarquía, pese a que “no existiera una relación formal o funcional”.
