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Política

Reparación civil de Vladimir Cerrón se habría generado por actividades de “Los Dinámicos del Centro”

Fiscalía sostuvo que los S/850.000 de reparación que pagaron Vladimir Cerrón y otros cosentenciados en un caso de corrupción surgió de actividades ilícitas.

Exgobernador de Junín fue sentenciado en 2019 por negociación incompatible. Foto: La República.
Exgobernador de Junín fue sentenciado en 2019 por negociación incompatible. Foto: La República.
Alonso Collantes

La fiscal Vanessa Díaz sustentó este lunes su pedido de incautación de S/850.074 que pagaron como reparación civil al Estado Vladimir Cerrón y otras tres personas que fueron sentenciados en 2019 por beneficiar a un consorcio en Junín en una obra de agua potable.

En su requerimiento, la Fiscalía Anticorrupción mostró ante el juez Jorge Chávez Tamariz que el pago que hicieron Cerrón, Henry López Cantorín, Juan Sulca Yauyos y Carlos Mayta Valdéz estaría vinculado a actividades criminales de “Los Dinámicos del Centro”.

De acuerdo a su hipótesis, la madre de Cerrón, Bertha Rojas, apoyó con un pago de S/284 mil a favor de él cuando para entonces solo tenía alrededor de S/191 mil tras un cálculo que hizo la Fiscalía de sus ingresos y egresos como docente desde el año 2007 hasta el 2019. Ello, adujo Díaz, alertó a sospechar que el dinero restante tendría origen ilegal.

Cálculo de ingresos y egresos de Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón.

Del mismo modo, la fiscal precisó que en una comunicación que mantuvieron en noviembre de 2019 (tres meses después de que se condenara a Cerrón) el expremier Guido Bellido y Arturo Cárdenas Tovar (segundo al mando en la organización “Los Dinámicos del Centro”) se habló de recaudar alrededor de S/35 mil “en cada región” con el fin de pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.

Asimismo, Marina Vásquez López (otra integrante de Los Dinámicos) pidió en el mismo periodo a miembros del Sindicato de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín que se apoye económicamente a al fundador del partido Perú Libre.

Captura de pantalla del pedido de Marina Vásquez al sindicato de trabajadores en Junín.

Coordinaciones entre Guido Bellido y Arturo Cárdenas.

El monto de S/850.074 fue cancelado de forma “solidaria” (entre todos los condenados) entre noviembre de 2020 y agosto de 2021 al Estado de la siguiente manera:

-S/309.000 depositados por Bertha Rojas (S/284 mil) y Vladimir Cerrón (S/25 mil)

-S/155.000 depositados por Henry Lopez Cantorín

-S/153.000 depositados por Juan Sulca

-S/233.074 depositados por Carlos Mayta

Para la fiscal Vanessa Díaz, los condenados no han podido acreditar el origen lícito de estos montos para pagar la reparación civil.

La defensa de Cerrón, el abogado Luis Mayhua, manifestó sin embargo que el presunto desbalance patrimonial de la señora Bertha Rojas no existe, pues pudo pagar los S/284 mil “porque no solo es profesora de la Universidad del Centro desde 2007. Es docente del Colegio Nuestra Señora del Rosario desde 1993 y también tiene ingresos por viudez”.

Por su parte, la fiscal Díaz expresó que la incautación “busca evitar que el agente del delito se vea beneficiado indebidamente con el producto de su ilícito”. En este sentido, criticó que algunos de los condenados hayan presetnado vouchers o documentos que no precisan los préstamos o hipotecas para poder hacer los pagos respectivos.

El juez Jorge Chávez Tamariz debe decidir en los próximos días si procede o no la incautación de los S/850.074

Condenados

El requerimiento fiscal de incautación estuvo dirigido contra Vladimir Cerrón Rojas, Juan Carlos Sulca Yauyo, Carlos Mayta Valdéz y Henry López Cantorín, quienes fueron condenados en 2019 por el delito de negociación incompatible.

En aquella oportunidad el Quinto Juzgado Unipersonal Anticorrupción de Junín determinó que Vladimir Cerrón y los ya mencionados “se interesaron de manera indebida en la aplicación del plazo Nº 3 de la obra ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya’, para favorecer al Consorcio Altiplano”. Producto de esta gestión se benefició al consorcio con el pago de S/850.000.

Durante la audiencia de este lunes los condenados adujeron que el tema de la reparación civil “ya era cosa juzgada”y no podía afectarse la cancelación de ese pago, sin embargo para la Fiscalía esta condena aún puede impugnarse en el extremo del desembolso hecho por los implicados.