Qué sucederá en el Gobierno Regional de Arequipa tras la detención de Elmer Cáceres Llica

El director del área penal del Estudio Muñiz y exprocurador de Arequipa, Javier Cornejo Portocarrero, en entrevista con La República, explicó que hasta el momento, existe un mandato de detención preliminar, contenido en una resolución judicial y expedida por un juez penal, en contra del gobernador Elmer Cáceres Lica e integrantes del Consejo Regional de Arequipa. Esta situación, permitiría que otras personas asuman el cargo mientras duran las investigaciones.

Según la Ley de Gobiernos Regionales N.° 27867 en el artículo 3, una causal de suspensión, más no de vacancia, del cargo de gobernador y consejeros, es un mandato de detención derivado de un proceso penal firme, es decir, que la resolución de juzgado no sea apelada y que la Sala Superior confirme la resolución del juez de primera instancia.

En la experiencia de Cornejo, lo usual es que primero se dicte un mandato de detención preliminar para posteriormente, vencidos los 15 días de la investigación o tiempo antes, el fiscal pida la prisión preventiva y se lleve a cabo una audiencia.

La diferencia radica en que, en la detención preliminar existen pruebas o elementos de convicción que vinculan a las personas con un delito; mientras que, cuando el fiscal pide prisión preventiva, es porque se está casi seguro de que son culpables por las evidencias, en este caso documentos, audios, videos y otros certificados recabados durante la investigación.

A raíz de lo sucedido, el Gobierno Regional de Arequipa no puede quedar acéfalo. Por ley, debería ser nombrado el vicegobernador regional Walter Gutiérrez Cueva como gobernador, en caso no exista alguna prueba que lo implique con los hechos.

Respecto a las remuneraciones, Cáceres Llica y sus gerentes y consejeros regionales seguirían percibiendo sus sueldos de manera normal por parte del Estado hasta que los hechos no sean comprobados.

El peor panorama para Elmer Cáceres Llica por los supuestos delitos de colusión, peculado, cohecho activo y cohecho pasivo, sería una sentencia de 30 años de cárcel efectiva, condena que podría ser solicitada por las autoridades del Ministerio Público en un futuro juicio.

Es preciso señalar que, de acuerdo a la información policial, Cáceres Llica habría ofrecido a algunos consejeros la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas o terrenos del Estado con el fin de que no lo fiscalicen. Bajo las promesas, esperaba el apoyo en no admitir a trámite los pedidos de interpelación que pudieran presentarse tanto en su contra como a su personal de confianza, quienes ocupan cargos expectantes en el Gobierno Regional.

Si la hipótesis del párrafo anterior fuera corroborada en un futuro juicio oral y resultara en una sentencia condenatoria firme, los proyectos aprobados y terrenos adjudicados por medio de los delitos, regresarían a la situación antes de cometido el hecho.