Pedro Chávarry es condenado a 4 años de cárcel suspendida por encubrimiento real

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos cumplirá una condena de 4 años de prisión suspendida luego de que el juez supremo Hugo Núñez Julca determinara este martes que fue responsable del delito de encubrimiento real en el 2018.

Nuñez dictó esta sentencia en el marco de un caso que dirigió la Segunda Fiscalía Suprema Penal Transitoria y le impuso a Chávarry, además, una reparación civil de S/100.000 a favor del Estado.

Entre otras medidas, el juez Núñez ordenó también varias limitaciones: que el exfiscal no salga del país, no cometa un nuevo delito doloso, acuda personalmente cada 30 días al Juzgado Supremo y una inhabilitación de 4 años para para ejercer cargos públicos.

Asimismo, si bien la Fiscalía pidió solo tres años contra Chávarry, este cumplirá una condena de cuatro años debido a que el juez tomó en cuenta su condición de exalto funcionario. Su pena, al oscilar entre los cuatro y seis años de cárcel en este nuevo marco de sanción, se optó por imponerle solo cuatro por su edad (70 años) que sirvió de atenuante.

En el proceso se imputaron dos hechos contra el exfiscal supremo: pedir información al equipo especial sobre el acuerdo con Odebrecht, pese a que era reservado: y remover el 31 de diciembre de 2018 a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez a pocos días de suscribir el acuerdo de colaboracion eficaz con la empresa brasileña.

Así, durante la lectura de sentencia se indició que detrás de la separación de Vela y Pérez “hubo razones de obstaculizar la investigación y frustrar o retrasar el acuerdo de colaboración eficaz [con Odebrecht] que finalmente fue lo que ocurrió, según la declaración de los fiscales apartados”, se indicó en el resumen de la sentencia que se leyó esta mañana.

Este momento coincidió con una serie de cuestionamientos contra Chávarry por sus vinculaciones con el caso Cuellos Blancos del Puerto y su interés por conocer los términos del acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht, en un intento por obstaculizar el avance de varias investigaciones, entre ellas, la llevada contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular.

La separación de ambos significó una ruptura abrupta de las negociaciones con la constructora brasileña y, por ende, la imposibilidad de conocer con detalle la ruta de las coimas y responsables de Lava Jato en el Perú.

No obstante, ello duró poco puesto que Chávarry se retractó y mantuvo a Vela y Pérez en el equipo especial Lava Jato, y el 11 de enero presentó su renuncia a la Fiscalía de la Nación. Los fiscales pudieron retomar los contactos con Brasil y proseguir la investigación.

Parte de las pesquisas de la Segunda Fiscalía Suprema Penal Transitoria valoraron los chats “La Botika” de diversos parlamentarios de Fuerza Popular del período 2016-2019 en el que se instaba a hostigar al fiscal Domingo Pérez y a proteger a Pedro Chávarry de acusaciones constitucionales en el Congreso de la República.

Tras la lectura de sentencia contra Chávarry este martes, la defensa del exfiscal, la abogada Cynthia Yanelli, anunció que apelará la resolución para que se resuelva de manera definitiva la situación de su patrocinado en una segunda instancia.

Destitución en la Junta Nacional de Justicia

En febrero de este año, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió destituir por unanimidad a Pedro Chávarry de su puesto como fiscal supremo y, en consecuencia, negarle la posibilidad de reintegrar el Ministerio Público de forma permanente.

Luego, en junio de este año la Junta ratificó su decisión tras escuchar la apelación de Chávarry. Se determinó entonces que Chávarry fue responsable de tres cargos y de cometer “faltas muy graves” contra la Ley de Carrera Fiscal:

a) Haber mentido cuando dijo que no conocía las gestiones con César Hinostroza “para asegurar un almuerzo y llegar al cargo de fiscal de la Nación” donde intervino el empresario Antonio Camayo, también implicado en el caso Cuellos Blancos del Puerto.

b) Facilitar y “propiciar la extracción de bienes a la oficina de su exasesor Juan Duarte Castro” a inicios de 2019 y relacionado a la investigación del fiscal Domingo Pérez (deslacrado de oficinas

c) Haber convocado a funcionarios del Congreso al despacho del fiscal de la Nación para tomar acciones” contra el allanamiento a dichas oficinas en la Fiscalía.

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