César Villanueva: Fiscalía pide 4 años de prisión contra exjefe del Gabinete
Excongresista es acusado por tráfico de influencias por intentar obstaculizar la investigación que dirige en su contra el equipo especial Lava Jato en el caso Odebrecht.
La fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigó desde 2019 al expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva Arévalo, ha solicitado 4 años y 8 meses de prisión contra el exfuncionario por haber intentado dilatar las pesquisas que inició en su contra entonces el equipo especial Lava Jato en el caso Odebrecht.
Según información a la que accedió este diario, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción presentó su acusación contra Villanueva y otros exfiscales involucrados el pasado 19 de abril al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Tras ello, el juez supremo Hugo Núñez Julca programó en una primera oportunidad que la audiencia para revisar la acusación fiscal se efectúe el 25 de agosto. Sin embargo, la defensa de uno de los acusados, Ronald Chafloque, pidió el cambio de fecha, quedando para este viernes 3 de setiembre desde las 9 a.m. la revisión del caso previo al juicio oral.
La relación de penas de prisión y delitos contra los acusados, en resumen, ha quedado de la siguiente manera tras finalizar la investigación contra cinco involucrados:
a) César Villanueva Arévalo: 4 años y ocho meses de cárcel, por instigador de tráfico de Influencias y de patrocinio ilegal.
b) Alberto Orlando Rossel Alvarado: 8 años de prisión, por autor de tráfico de influencias y de patrocinio ilegal.
c) José María Santisteban Zurita: 6 años y cuatro meses de cárcel, por cómplice de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
d) Ronald Nicolás Chafloque Chavez: 4 años de prisión, por cómplice de tráfico de influencias.
e) Alberto Orlando Rossel Obando: 1 año y cuatro meses de cárcel, por cómplice de patrocinio Ilegal.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Alberto Rossel Alvarado utilizaba sus influencias en beneficio del ex primer ministro para provocar la dilatación de la investigación en su contra por el caso Odebrecht que había iniciado el Esquipo Especial.
Estos trabajos habrían sido a cambio de que Villanueva Arévalo contrate como defensa legal al hijo de Rossel Alvarado, Alberto Rossel Obando, a pesar de que no contaba con la experiencia necesaria, por el que le daba un pago mensual de 1.000 dólares, además de “otros beneficios futuros” sustentados en el poder que tuvo por haber ocupado altos cargos.
El excongresista, según la misma hipótesis fiscal, recibió pagos de 320.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador regional de San Martín, desde el 2007 al 2013.
Dos casos en curso
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, a cargo de la fiscal Bersabeth Revilla, indagó desde 2019 a César Villanueva por tráfico de influencias.
El supuesto del que partió el Ministerio Público en este caso fue el intento de infiltración de Villanueva en el equipo especial Lava Jato para obstaculizar las investigaciones en su contra por el caso Odebrecht (carretera San José de Sisa, en San Martín).
Los enlaces con el equipo especial habrían sido los fiscales Alexander Taboada y Deily Pereda. Otros investigados en este caso son Alberto Rossel Alvarado y Alberto Rossel Obando, padre e hijo respectivamente.
A raíz de ello se le impuso a Villanueva 18 meses de impedimento de salida del país, restricciones y el pago de S/ 100.000 en 2019.
Por otra parte, es necesario precisar que el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, continúa investigando a César Villanueva por los delitos de colusión, asociación ilícita y negociación incompatible.
Ello por haber recibido presuntamente USD 320.000 de Odebrecht a cambio de la adjudicación y ejecución de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, cuando fue gobernador regional de San Martín.
Por este caso, Villanueva tiene arresto domiciliario desde abril de 2020, y el juez Jorge Chávez Tamariz le impuso también el pago de S/ 100.000 de caución al Estado.
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