Contraloría se pronunció sobre el cumplimiento legal de los perfiles para cargos públicos

La Contraloría de la República publicó un pronunciamiento sobre legalidad de los nombramientos de funcionarios y servidores “en toda la administración pública”, en el marco de los primeros días de gobierno del presidente Pedro Castillo.

“Como en el 2019, con el operativo ‘Designación de funcionarios en cargos de confianza en gobiernos regionales y locales’, al inicio de la gestión de las nuevas autoridades corresponde también efectuar la fiscalización de la legalidad de los nombramientos y/o designaciones que se realicen durante la transferencia del gobierno en curso”, explica el documento.

En esa línea, la institución advirtió que desde julio del presente año se supervisará las infracciones cometidas por los actuales funcionarios del Gobierno.

“Desde julio de 2021 están vigentes las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa para los casos de incumplimiento de la normatividad vigente, que puedan conllevar a responsabilidades y a eventuales sanciones de suspensión o inhabilitación de la función pública”.

Finalmente, la Contraloría recalcó que los perfiles para los puestos en el Gobierno deben cumplir con diversos requisitos.

“Es responsabilidad de las autoridades competentes velar por el cumplimiento de los perfiles de puesto observando el marco legal, los documentos de gestión de la entidad y los lineamientos de SERVIR, para garantizar el correcto desempeño de la administración pública y la provisión adecuada de servicios públicos a la ciudadanía”, concluye el comunicado.

Nombramientos cuestionados en los ministerios

Durante los últimos días, se ha oficializado la designación de diversas personas cuestionadas para la ocupación de cargos en los distintos ministerios.

Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se había designado al abogado y economista Jack Gary Salazar Velazque como jefe de gabinete de asesores, quien fue reemplazado al día siguiente por Salatiel Marrufo Alcantara, acusado penalmente por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal, fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita en agravio del Estado.

Otra designación polémica es la del viceministro de Ordenanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, quien fue candidato de Perú Libre al Congreso por Lima, con el número 3. Grajeda Bellido es parte de las investigaciones de la Fiscalía por el caso Los Dinámicos del Centro.

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