Tres gobernadores electos fueron sentenciados: cifra subiría en segunda vuelta
DELITOS. Casos se registraron en Huánuco, San Martín y Ucayali, con condenas como violencia familiar, peligro común y pensión de alimentos. En otras nueve regiones, por lo menos uno de los candidatos que pasó a segunda vuelta poseen sentencias firmes, según consignaron en sus hojas de vida.
La República en GoogleAl menos cuatro regiones del país tendrán gobernadores con condenas firmes, pero la cifra podría aumentar hasta once en caso de que los candidatos con sentencias que pasaron a segunda vuelta ganen las elecciones complementarias del 6 de diciembre.
Con los resultados al 99,099%, el candidato del Partido País Para Todos en Huánuco, Rosalí Leandro Tarazona, es el gobernador electo de esa región al obtener el 32,452% de los votos válidos, el doble del porcentaje que sacó el segundo lugar.
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Tarazona fue alcalde distrital entre 2011 y 2014, y alcalde provincial durante los años 2015 y 2018. Pero su hoja de vida no solo detalla su pasado político, sino también sus antecedentes penales.
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El próximo gobernador regional de Huánuco registró una condena por agresiones contra la mujer, que quedó firme en el año 2019. Además, consignó una sentencia por violencia familiar, declarada consentida en una resolución del año 2023.
En San Martín, la gobernatura se la llevó el partido Avanza País, bajo la candidatura de Máximo Cabrera Cabrera. El conteo de la ONPE en esta región alcanzó el 99,842%, con una ventaja de 41.000 votos a favor Cabrera sobre el segundo lugar, ocupado por el candidato de Renovación Popular.
A diferencia de su par en Huánuco, el electo gobernador de San Martín no tiene experiencia en un cargo de elección popular. Su trayectoria está más enfocada en el ámbito privado, con un breve paso por el Gabinete Técnico de la República, según detalló ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Pero donde sí se explayó fue en la relación de sentencias que pesan en su contra. Cabrera registró cuatro condenas por pensión alimenticia. La primera de ellas fue interpuesta por Laurita Cabrera Alarcón en Tarapoto con fecha de 2004. El Juzgado determinó a favor de la demandante y ordenó el pago del 25% del salario del candidato a gobernador.
Los otros tres casos fueron en Chota y como demandante se consigna a una misma persona: Diana Cabrera Terrones. Los expedientes del proceso datan de 2001, 2003 y 2007, en todos ordenándose el pago del 20% del salario a favor de la demandante.
Finalmente, está la región de Ucayali donde ganó Sandro Acosta Villavicencio. El gobernador electo de 34 años no ha desempeñado otro cargo subnacional y su historial partidario incluye el movimiento Todos somos Ucayali, Acción Popular y Somos Perú, con el que venció en primera vuelta.
En su declaración jurada, Acosta detalló dos sentencias firmas. La primera en el ámbito penal ocurrió en el Tercer Juzgado Penal de la provincia de Coronel Portillo. El delito que se atribuyó fue de peligro común (imprudencia en la conducción vehicular), desobediencia y resistencia a la autoridad. La sentencia fue declarada firme en 2007 y actualmente está como pena cumplida.
La segunda condena es del 2023 y el proceso se llevó en el Primer Juzgado Civil de Coronel Portillo. El delito esta vez fue de carácter contractual y la decisión judicial implicó ordenar el pago de más de S/139.000 a favor del demandante
Destino sellado en Junín
En Junín, si bien irán a segunda vuelta para elegir al próximo gobernador regional, la certeza es que su siguiente autoridad habrá tenido en su haber una condena. Se trata de Fernando Orihuela (Podemos Perú) y Arnoldo Mallma (Alianza para el Progreso).
Orihuela Rojas logró 197.707 de votos válidos, equivalente al 29%. Del 2019 al 2022 se desempeñó como vicegobernador regional con el movimiento político regional Perú Libre. Cuenta con una sentencia por demanda contractual por la cual el Primer Juzgado Letrado de Paz Chilca le impuso el pago de S/40 000. El caso data del 2014.
Su adversario en las urnas, Mallma Auqui, obtuvo 184.547 votos, lo que representa el 27%. Cuenta con una sentencia penal y tres civiles.
En el ámbito judicial, en el 2025, fue sentenciado por falsa declaración en proceso administrativo. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo dispuso la reserva de fallo por el plazo de un año y aprobó el pago de S/3 000 por concepto de reparación civil. La pena fue cumplida.
También cuenta con una demanda por aumento de pensión de alimentos que fue fundada en parte en el año 2023; una demanda por violencia familiar con sentencia en el 2017; y una demanda familiar/alimentaria en la que se aprobó un acuerdo conciliatorio el 2016.
Arequipa: el historial del más votado
En Arequipa el candidato Florentino Zegarra Tejada de Fuerza Arequipeña es quien lidera la primera vuelta con 213.177 votos (25.2%) sobre los 122.312 (14%) votos alcanzados por su adversario de Ahora Nación.
Zegarra fue alcalde provincial del 2011 al 2014 con el partido Arequipa Renace. Con la misma organización fue reelecto para el periodo 2015-2018.
Su historial de sentencias presenta dos en el ámbito penal y tres en el civil. A nivel penal se le halló culpable en ambas ocasiones por el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. La primera fue dictada en 2019 y estableció una pena de cuatro años de prisión suspendida, mientras que la segunda, emitida en 2024, impuso una condena de tres años y seis meses de prisión suspendida. Ambas penas están consignadas como cumplidas.
Asimismo, cuenta con dos demandas contractuales del año 2013 y 2022 en las que se le dispuso un pago solidario. La tercera se trató una demanda laboral fundada en parte del año 2004.
Situación general
Puno también se suma a las regiones en las que compite un candidato con antecedentes. Eduardo Quispe Pandia de Ahora Nación, alcanzó el 21% de votos y cuenta con una demanda contractual. En su declaración jurada, precisó que la demanda fue declarada infundada y se encuentra en proceso de apelación.
En Tacna, el candidato favorito, Segundo Ruiz Rubio (APP), presenta una sentencia por usurpación simple del año 1995. El Juzgado Penal de Tacna le dictó un año de pena suspendida, lo cual cumplió. Ruiz ha sido alcalde distrital con el partido Siempre Tacna del 2015 al 2018. En este proceso electoral se impone con 29% de votos frente al 17.6% de su contrincante de Ahora Nación.
En las regiones del norte también figuran candidatos al sillón regional con sentencias.
Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú), excongresista cuenta con dos demandas contractuales con sentencia firme. Ambas del 2024. En la primera, declarada fundada en parte, se le estableció el pago de S/13.392,34 a favor de la demandante por concepto de pagos de arbitrios y rentas; mientras que en la segunda se dispuso el plazo de cinco días para la desocupación y entrega del bien.
Rolando Barboza Díaz ha sido alcalde distrital en dos periodos consecutivos (2011-2014 y 2015-2018) con dos organizaciones diferentes. En este proceso electoral se candidatea con Fuerza Popular y se presenta a la segunda vuelta con 19.6% de votos frente a 28% alcanzado por su adversario de Somos Perú.
Barboza cuenta con dos sentencias penales cumplidas. La primera, que tuvo reserva de fallo, data del año 2006 por el delito contra el patrimonio cultural. En tanto, la segunda fue del 2017 por abuso de autoridad. Se le impuso dos años de pena suspendida.
En Loreto, Germán Chong Ríos (Somos Perú) logró la mayor cantidad de votos con 27.9%. Ha sido alcalde provincial con el mismo partido en el periodo 2022-2026. Cuenta con una demanda fundada en materia familiar/alimentaria.
Finalmente, en Tumbes, Luis Arévalo Guerrero (Somos Perú) cuenta con una sentencia firme del 2018 por el delito de abuso de autoridad. Hubo reserva de fallo y la pena fue cumplida. Va a la segunda vuelta con 20% de votos.
Así, tras los resultados en la segunda vuelta del 6 de diciembre, si los candidatos mencionados líneas atrás consiguen las victorias en sus jurisdicciones, podría sumarse hasta en once las regiones en las que sus máximas autoridades hayan sido condenadas. Es decir, casi una de cada dos regiones estará en manos de un sentenciado por la justicia.
