Presentan denuncia constitucional en el Congreso contra Sagasti, Bermúdez y Ugarte

El congresista César Gonzáles, de Descentralización Democrática, interpuso el último viernes 2 de julio una denuncia constitucional contra el presidente Francisco Sagasti; la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso La República, la denuncia se da por la publicación que hizo el exmandatario Martín Vizcarra al presentarse con personal médico después de haberse inmunizado con una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 “pese a haberlo hecho junto a su familia y otros altos funcionarios” en referencia al caso Vacunagate.

Asimismo, se sostiene que Sagasti, Bermúdez y Ugarte habrían transgredido el artículo 9 y 38 de la Constitución por la presunta comisión del delitos correspondiente a la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y otro por peculado doloso.

“Lo señalado no hace más que demostrar que los denunciados infringieron la Constitución flagrantemente y poseen una total responsabilidad penal dolosa y omisiva a la vez, respecto del aprovechamiento y favorecimiento indebido que realizó el expresidente este 27 de junio; pues dicha conducta no comprende un mero ‘error’ del sistema, como lo ha precisado el titular del Minsa”, expresa el documento.

En efecto, para Gonzales, el exjefe de Estado se habría vacunado por tercera vez “gracias a la autorización” del Gobierno, de la primera ministra y el actual responsable del sector Salud.

De igual manera, sostuvo que a los funcionarios mencionados “pareciera que poco les importa la cantidad de personas que esperan su primera dosis y prefieren seguir favoreciendo a sus aliados en actos de corrupción, aprovechándose de sus altos cargos. Casi 500 personas fueron beneficiadas de manera irregular y de manera secreta con la inmunización contra la COVID-19”.

Por otro lado, el parlamentario consideró que estas presuntas omisiones del Ejecutivo “no deben quedar impunes, teniendo claro la cantidad real de familias que han quedado en estado de abandono, y con graves secuelas físicas y psicológicas”.

Finalmente, solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), que se aplique la inhabilitación por 10 años a los denunciados y se remita al Ministerio Público la denuncia conforme a ley.

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