Elección de miembros del Tribunal Constitucional: un proceso cuestionado de principio a fin
Fue el detonante que provocó la disolución de un Congreso y es uno de los principales objetivos de los actuales parlamentarios. Esta semana la designación de los nuevos magistrados, en medio de irregularidades, podría llegar a su fin.
El Pleno del Congreso de la República buscará este miércoles 7 y jueves 8, en una sesión presencial, escoger a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). De lograrlo, en medio de irregularidades, cumplirán un objetivo que el anterior Parlamento no pudo conseguir.
Corría la segunda mitad del 2019 y un Congreso obstruccionista, liderado por el fujimorismo y apoyado por el APRA, se planteaba elegir a los nuevos magistrados. Reemplazarían a seis cuyo mandato estaba vencido: Marianella Ledesma, Ernesto Blume, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Sardón.
A dedo y pisando el acelerador, el Legislativo eligió a 11 juristas como postulantes. Martín Vizcarra, entonces presidente, advirtió un copamiento del máximo intérprete de la Constitución por parte de fuerzas políticas, que pondría en jaque a la ya débil democracia peruana. Informó el 27 de setiembre que su Gobierno presentaría una cuestión de confianza “para cambiar las reglas de la elección”.
Ese viernes, Salvador del Solar, quien era presidente del Consejo de Ministros, solicitó mediante un oficio dirigido al titular del Congreso, Pedro Olaechea, que se le permita presentar la cuestión de confianza “en la primera oportunidad que se reúna” con la representación nacional.
Vizcarra disuelve el Congreso y se suspende el proceso
Y el ‘Día D’ llegó. El 30 de setiembre, la Junta de Portavoces priorizó la elección de los magistrados y dejó “al término del acto” la revisión del pedido del Ejecutivo. Del Solar, tras ser impedido por fujimoristas y sus aliados, logró ingresar al hemiciclo, planteó cuestión de confianza y alertó que iban a considerar como una negación si seguían con el proceso de designación.
El Pleno, sin embargo, prosiguió con lo que había programado y aprobó la elección del primer candidato: Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea. No alcanzó apoyo el siguiente postulante y, ante los reclamos, la sesión se suspendió. Entonces, Martín Vizcarra optó por disolver el Congreso, al ser la segunda cuestión de confianza que se rechazaba.
El proceso para elegir al nuevo TC se detuvo. Y a pesar de que Ortiz de Zevallos solicitó en reiteradas oportunidades incorporarse al órgano autónomo, este aclaró que su elección no había concluido por no resolverse la reconsideración a su designación que interpusieron algunos parlamentarios.
A inicios del 2020, el pueblo peruano escogió a un nuevo Congreso para que complete el periodo hasta el 2021. Y a los dos meses de entrar en funciones, el nuevo pleno aprobó, por mayoría, dejar sin efecto el proceso de elección de Ortiz de Zevallos.
Cuestionamientos a la vista
En julio de 2020, el actual Congreso dio el visto bueno para que la elección del nuevo TC se diera solo mediante concurso público y en agosto se instaló la Comisión Especial encargada del proceso. Se designó la presidencia de este grupo de trabajo a Rolando Ruiz, de Acción Popular.
En octubre aprobaron el reglamento, pero no estuvo exento de cuestionamientos. Uno de ellos fue que, en el criterio de “solvencia o idoneidad moral”, durante las entrevistas, solo se necesitaría dos puntos de doce, siempre que se consiga el máximo puntaje en los otros aspectos, lo que merma la búsqueda por un juez idóneo, según expertos.
También fueron excluidos 35 candidatos en la primera etapa y no revisaron tres reclamos. Además, aprobaron la lista de postulantes aptos sin tener las carpetas de los candidatos a la mano, solo se basaron en un resumen elaborado por un equipo técnico, como denunció este medio en su momento.
A la sazón, había un enfrentamiento palpable entre el Legislativo y Ejecutivo, que culminó en la vacancia de Martín Vizcarra el 9 de noviembre de 2020, por imputaciones de presunta corrupción que habría cometido cuando era gobernador regional de Moquegua. Tras este acontecimiento, Manuel Merino, quien era titular del Congreso, llegó al poder, lo que se consideró como un golpe parlamentario.
Proceso irregular. Rolando Ruiz, legislador de Acción Popular, preside la Comisión Especial y acumula una nueva irregularidad en este concurso público. Foto: Congreso
Ante el rechazo de gran parte de la población, el 13 de noviembre, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) retiró a su representante de la Comisión Especial del TC.
Al día siguiente, el Partido Morado, Frente Amplio y Somos Perú tomaron la misma decisión. Acción Popular, por su parte, planteó “la paralización del proceso de selección y la desactivación de la Comisión Especial”. Ese 14 de noviembre, Bryan Pintado e Inti Sotelo murieron por defender la democracia.
Ya sin quorum, el proceso no pudo seguir. Lo que continuó fue el despilfarro de S/ 104.392, en pagos de asesores contratados por Rolando Ruiz, a pesar de que el proceso había quedado suspendido. Sin embargo, en abril, ya con Merino fuera del poder y en medio de las elecciones generales del país, el Congreso acordó retomar el concurso.
Polémicas entrevistas
Recomenzó así el proceso ‘exprés’, pues los congresistas solo seguirán en funciones hasta el 26 de julio. Continuaron con la resolución de tachas, iniciaron la evaluación curricular de 27 candidatos y después entrevistaron a los 17 que quedaron. Las preguntas se centraron principalmente en conocer las opiniones de los aspirantes sobre asuntos de interés particular de algunas bancadas, como el aborto, la eutanasia y matrimonio civil igualitario. Temas que probablemente los magistrados, de ser elegidos, revisen en un futuro y ya habrían adelantado opinión.
La abogada especialista en derechos humanos Ana María Vidal, cuando conversó con este diario, cuestionó este accionar. “Preocupa bastante. Están poniendo los intereses religiosos por encima de los derechos fundamentales. Y no ha habido sustento jurídico”, mencionó.
Walter Albán, ex defensor del pueblo, reforzó esta idea. “La calidad de la mayoría de los postulantes está en entredicho. En estas entrevistas apresuradas básicamente han buscado saber si coinciden o no con lo que piensan los congresistas”, expresó a La República. “Están tratando de capturar el TC. Este concurso está desacreditado”, prolongó.
Además, la Comisión Especial no cumplió con publicar en forma detallada los resultados de las entrevistas, conforme al reglamento, tal como publicó esta redacción.
17 candidatos al TC pasaron por la etapa de entrevistas. Foto: difusión
Fecha pactada para nuevo TC
Han quedado, finalmente, 15 candidatos en carrera. El congresista Ricardo Burga, en un audio difundido en redes sociales, ha dicho: “Debemos de ganarle las calles a la izquierda y a los morados. Necesitamos el apoyo de todo peruano de bien que quiera salir a respaldar al Congreso”.
Y, en la línea de seguir con este proceso, voceros de APP, Acción Popular, Nueva Constitución, Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular, al igual que los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández, han lamentado “las opiniones mediáticas que señalan que este Congreso no tendría legitimidad para debatir y votar la elección de los nuevos magistrados”.
Con 87 votos para cada candidato, según la Constitución, el Pleno podrá reformular el Tribunal Constitucional. Queda a la población estar atenta sobre qué magistrados planea poner el Congreso en tan importante organismo.
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