Congreso: aprobación de acusaciones contra Alarcón y Chávarry se dilata en la Permanente
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló que informes finales de la SAC no podrán ser vistos el 6 de julio debido a que no llevan la firma de todos los legisladores miembros.
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La titular de la Mesa Directiva del Congreso, Mirtha Vásquez, dio a conocer que los informes finales contra el parlamentario suspendido Edgar Alarcón (UPP) y el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, aprobados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), no se verán el próximo 6 de julio en la Comisión Permanente.
Esto se debe, según mencionó, a que los oficios de la SAC no llevaban la firma de todos los miembros del la subcomisión, lo cual es necesario para que pasen a ser revisados.
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El informe de calificación que recomienda inhabilitar a Pedro Chávarry por 10 años para ejercer cargos públicos fue aprobado el último 23 de junio por la mayoría del grupo parlamentario de trabajo en mención.
Asimismo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el 28 de junio, con 17 votos a favor, el reporte final de la denuncia constitucional N.º 372 por el presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada, el cual fue presentado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Alarcón Tejada.
Casos de la SAC podrían justificar ampliación de legislatura
En otro momento, la presidenta del Congreso sostuvo que la evaluación de algunos casos de la SAC podrían justificar que la legislatura se amplíe, pero hasta antes del 23 de julio. Eso aún se deberá evaluar para no perjudicar la Junta Preparatoria del próximo Parlamento electo.
“Esos casos podrían justificar que se amplíe algunos días la legislatura, pero no creo que hasta el 23 de julio. Además, me parece que la Junta Preparatoria está pensando en la instalación de los nuevos parlamentarios a partir del 22 de julio. Entonces, no podemos seguir sesionando, ya no es procedente”, refirió Vásquez.
Añadió que los temas programados para debatir en lo que queda de la legislatura están relacionados con la seguridad alimentaria y la salud, que se priorizarán en el Pleno.
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