Expresidente Vizcarra presentó Acción de Amparo contra el Congreso

El expresidente y candidato al parlamento por Somos Perú, Martín Vizcarra Cornejo presentó una demanda de Amparo ante los Juzgados Constitucionales del Poder Judicial contra el Congreso de la República por pretender inhabilitar por 10 años para ejercer cargo público, en el escándalo del “Vacunagate”.

La demanda, suscrita por el abogado Fernando Ugaz, argumenta que el parlamento afecta diversos principios constitucionales, como los de legalidad, comunicación previa y detallada de los hechos atribuidos, debida motivación, tribunal imparcial, plazo razonable para ejercer la defensa, de participación política y elección.

Anota que estos derechos y su petitorio pueden ser protegidos vía una acción de Amparo. “Lo que pretendemos es que el juez constitucional realice un control convencional y/o un control constitucional de las decisiones parlamentarias cuestionadas: es decir, que realice un control sobre la manera o la forma cómo se está realizando el procedimiento parlamentario de acusación constitucional” contra el expresidente Vizcarra.

En el desarrollo del escrito de la demanda, se describen las supuestas afectaciones a los derechos constitucionales en que habría incurrido el Congreso al tramitar la denuncia constitucional por presuntos delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos”.

Así, indica que no se ha dado trámite a sus escritos de defensa, incumplimiento de los plazos de los plazos parlamentarios, al considerar insuficiente 15 días para realizar una investigación que se supone compleja, notificación a diligencias sin respetar los plazos mínimos para ejercer la defensa, la presunta parcialización y adelanto de opinión del congresista Jim Ali Mamani Barriga, al haber sido parte de la bancada que presentó la denuncia, por lo que se constituye en una denuncia constitucional expres.

La demanda se ampara en jurisprudencia generada por anteriores resoluciones del Tribunal Constitucional y sobre todo, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a estos hechos. Toda la información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos”, señala, citando a la Corte IDH.

Igualmente, señala que el TC ha resuelto que “la comunicación previa y detallada de los hechos imputados no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto activo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que también comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, precisa, clara y expresa, es decir, debe tener una descripción suficientemente detallada de los hechos que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan”.

Martín Vizcarra denuncia falta de precisión

Al respecto, indica que el informe de calificación de la denuncia constitucional en su contra, “solo se limita a señalar los artículos de la Constitución que el expresidente de la República, Martín Vizcarra supuestamente habría infringido.

“No se advierte una comunicación de manera expresa, clara, integral y con el mayo detalle posible de los hechos que se le imputan, la calificación legal que se da a tales hechos y los medios probatorios que los respaldan, lo cual constituye una clara y grave violación del derecho a la comunicación previa y detallada”, precisa la demanda.

En este sentido, indica, que no en el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se especifica si Vizcarra cometió el delito de organización criminal en calidad de promotor, organizador o integrantes y que la ministra Elizabeth Astete, incluida en la denuncia, no fue nombrada durante su gobierno. Incluso, el informe se aprobó antes que estuviera redactado.

“Se advierte que algunos congresistas no se han conducido imparcialmente y han realizado actos que revelan un claro adelanto de opinión sobre lo que es objeto de denuncia constitucional, denotando un interés directo en el resultado del procedimiento de acusación constitucional contra el expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo, lo cual, constituye una clara y grave violación el derecho a un tribunal imparcial”, subraya.

Igualmente, refiere que la comisión no resolvió sus escritos de defensa y le notificó la respuesta a través de las redes sociales de Internet: “En efecto, no por los canales oficiales, propios de cualquier proceso, sino por Twitter y programas de TV es que el señor Vizcarra se entera que se han negado implícitamente todos sus pedidos”.

También refiere que la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente, son a la vez, miembros titulares de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con lo cual sus decisiones respecto a esta no serán objetivas y con imparcialidad. Además, dice que todo el procedimiento parlamentario de acusación supone o comporta una serie de restricciones a su participación activa como candidato al Congreso, a la vez que afecta su derecho a ser elegido. La demanda consta de un total de 62 páginas y más 10 documentos anexos.

Martín Vizcarra: “Seguimos en carrera”

El expresidente y actual candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, afirmó a través de sus redes sociales que su campaña continúa y que espera el respaldo de la población.

“Pese a los intentos del Congreso por sacarme del proceso electoral, seguimos en carrera, y más fuertes que nunca, lo que se reflejará en el respaldo ciudadano este 11 de abril”, señaló Vizcarra.

Asimismo, remarcó que no se pueden permitir atropellos; por tanto, ha presentado una acción de amparo, ya que considera que se vulnera el debido proceso.

“La democracia y el Estado de Derecho no pueden permitir estos atropellos. Confío que se atenderá nuestro pedido, el Congreso no está por encima de las leyes ni la Constitución. Los derechos de los ciudadanos deben respetarse”, finalizó.

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