Esterilizaciones forzadas: Fiscalía sustentó cargos contra Alberto Fujimori
Se reanudó audiencia contra el exmandatario y sus exministros, entre ellos Aguinaga, quien postula al Congreso por Fuerza Popular. Las víctimas llevan más de 20 años esperando justicia.
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Tras más de 20 años, se retomó el caso de las esterilizaciones forzadas. Este lunes se instaló la audiencia pública en la que la Fiscalía sustentó los cargos en contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por la muerte de cinco mujeres y lesiones graves contra otras 1.300.
La diligencia, presidida por el juez Rafael Martín Martínez, fue suspendida desde el 11 de enero debido a que la sala no contaba con un traductor de una variante del quechua para facilitar el mensaje a las víctimas que estaban presentes en la sesión.
En la audiencia de este 1 de marzo, el fiscal Pablo Espinoza Vásquez sustentó los cargos y la denuncia que también alcanza a Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quienes fueron titulares del Ministerio de Salud en el régimen fujimorista.
El último de ellos también es candidato al Congreso de la República por la región Lambayeque del partido fujimorista Fuerza Popular. Además, mantiene una relación cercana con Keiko Fujimori, hija del exmandatario y lideresa de la agrupación política en mención.
Fiscal formalizó denuncia contra Fujimori
El representante del Ministerio Público imputó a los investigados como presuntos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas de más de 1.300 mujeres durante el régimen fujimorista.
“Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”, dijo Espinoza Vásquez en la audiencia.
El expresidente Alberto Fujimori decidió no participar en la audiencia. Su abogado César Nakazaki sostuvo que se mantiene en su condición de extraditado, por lo que considera que no debería ser procesado por este caso. “Asistir a la audiencia implicaría la renuncia a esa condición”, dijo el letrado.
Asimismo, algunas víctimas también estuvieron presentes en la sesión, junto a sus defensores legales, luego de que hayan incluido al intérprete del quechua para que puedan entender la conducción del proceso.
La sesión duró más de cuatro horas y media y el juez Rafael Martínez suspendió la audiencia de presentación de cargos hasta este martes 2 de marzo a las 9.30 a. m. Se espera que culminada la sustentación de la Fiscalía y la defensa de los imputados, el magistrado decida si inician una investigación judicial sobre el caso o no.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, son en total 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías ejecutadas entre 1996 y 2001 en personas campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
Estas acciones fueron parte de la política de planificación familiar impuesta por el régimen de Alberto Fujimori. Las víctimas aseguran que fueron engañadas y obligadas.
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