PL sobre cambiar requisitos para ser presidente no se justifica, según expertos

Un nuevo proyecto de ley ha sido presentado por Unión por el Perú. Esta vez, la agrupación liderada por el reo Antauro Humala busca cambiar los requisitos para ser presidente de la República.

La iniciativa legislativa, que fue presentada por la parlamentaria Yessica Apaza, pretende modificar el artículo 110 de la Constitución. Este precisa que para ser mandatario la persona debe ser “peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”.

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Ahora, los nuevos requisitos que se sumarían son que el postulante sea hijo de madre y padre peruanos y, si es que está casada o casado, que su cónyuge sea peruano de nacimiento.

Para sustentar la medida, Apaza Quispe nombró a los ex jefes de Estado Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, y detalló que tienen vínculos familiares con nacionalidades distintas a la peruana y que, coincidentemente, todos estos han estado involucrados con hechos de corrupción.

“Debemos recordar que todos ellos tienen casos de juicios y sentencias por actos de corrupción. La propuesta legislativa busca incorporar en la Constitución Política del Perú como requisito para ser elegido presidente del Perú que los padres y cónyuge también sean peruanos. Dicha medida también es aplicada en otros países como México o El Salvador”, se lee en el PL n.° 7058/2020-CR.

Propuesta de UPP no está bien justificada

El constitucionalista Omar Cairo explicó que la propuesta de Unión por el Perú (UPP) no cuenta con argumentos adecuados para su sustentación. Agregó que en los casos expuestos la nacionalidad de los expresidentes no fue motivo para evitar las indagaciones por presuntos actos de corrupción.

“No se justifica por qué ese tratamiento sería diferenciado a un conjunto de peruanos. Mas aún porque en ninguno de los casos que se menciona, la nacionalidad del cónyuge o la cónyuge o los padres de los expresidentes fue un impedimento para que se les investigue o procese”, declaró a La República.

Reiteró que los orígenes de los últimos exmandatarios que tuvo el Perú no fueron una causal para eludir la justicia. “En el caso de Toledo, García o Kuczynski, la nacionalidad de la cónyuge y de los padres no fue un impedimento para que se les investigue o procese. En el caso de Fujimori se consideró un obstáculo la nacionalidad de él, no de su cónyuge, pero finalmente no fue un impedimento porque se le ha procesado y condenado”, sostuvo.

Para el constitucionalista César Delgado-Guembes, la iniciativa legislativa no sería eficaz para disminuir los niveles de corrupción, que sería uno de los principales objetivos de la congresista Yessica Apaza al presentar este PL. Por ello, indicó que deberían fortalecerse las medidas que ya tiene el Perú para combatir estas prácticas ilícitas.

“Lo más importante en el caso nuestro es que los presidentes a los que se les encuentran indicios razonables de haber incurrido en algún delito que pueda ser tipificado como un acto de corrupción, que se les procese de inmediato y se hagan efectivos los procesos que ya tenemos”, dijo.

En ese sentido, recomendó que se otorgue mayor capacidad de acción a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ve este tipo de situaciones, a fin de que ningún caso quede sin ser resuelto.

“Lo que sería más eficaz sería que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenga la prerrogativa que tienen actualmente las comisiones investigadoras de solicitar el impedimento de salida al exterior de quienes crean necesario para impedir que salga el investigado”, subrayó.

Proyecto de ley es discriminatorio

En esa misma línea, Cairo manifestó que el proyecto de ley es de carácter xenófobo e iría contra el derecho de los ciudadanos de postular a la Presidencia de la República.

“No hay sustento en los hechos para hacer un tratamiento diferenciado que excluya del derecho a participación política a un conjunto de peruanos que estén en la situación de tener padre, madre o cónyuge extranjero. Atendiendo a las razones que se explican en exposición de motivos, no tiene una justificación real y, por lo tanto, ese tratamiento diferenciado sería discriminatorio”, destacó.

Asimismo, Delgado-Guembes comentó que esta iniciativa legislativa se trataría más de un acto populista que una propuesta que busque la erradicación de la corrupción en el país.

“El problema no es impedir que alguien postule. Probablemente se trate también de un acto populista para evitar que la competencia participe pluralmente en el proceso electoral”, refirió.

PL debería pasar por referéndum

El experto precisó que al tratarse de un proyecto de reforma constitucional debería ser sometido a una consulta popular, se debe tener en cuenta que el Congreso de la República actual se encuentra en su última legislatura.

“Nos encontramos en la última legislatura, así que solo cabría que se aprobara en el Congreso con la mayoría absoluta del voto de los parlamentarios y que luego pasara a referéndum. Esa sería la única manera, porque el Congreso ya no podría aprobarlo con dos tercios de votos, necesitaría dos legislaturas”, deslizó.

En caso de que esto ocurra, el constitucionalista Delgado-Guembes detalló que la consulta popular debería tener lugar en la segunda vuelta electoral, en junio, o en las elecciones regionales y municipales de noviembre próximo.

De todas formas, señaló que es probable que el PL no continúe una vez que se realicen las evaluaciones pertinentes. “Desde el punto de vista técnico lo veo difícil. Si es que el Congreso mantiene niveles mínimos de racionalidad, dudo que luego del análisis correspondiente lo apruebe”, apuntó.

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