El Congreso que causó la cuarta vacancia presidencial en la historia del Perú

Durante el 2020, el Perú tuvo que atravesar una pandemia que generó el colapso del sistema sanitario, además del cierre de negocios y la pérdida de empleo de miles de personas, que también ocasionó una caída económica impredecible.

A todo ello, se le sumó una crisis política gestada por el Congreso de la República que, desde sus inicios, siempre estuvo en confrontación con el Ejecutivo. Este Parlamento, que no ha desperdiciado oportunidad para cuestionar cada movimiento del Gobierno, precisamente está compuesto por cuestionados personajes con denuncias e investigaciones en su contra.

La estocada final para traer abajo la estabilidad económica, sanitaria e incluso psicológica del país -que empezaba recuperarse- se dio con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, por la causal de incapacidad moral permanente.

En setiembre, el Legislativo admitió a debate la medida contra el entonces mandatario por la causal en mención debido a unos audios difundidos en el hemiciclo, en donde participaba él junto a su asistente personal, Karem Roca, y la secretaria de Palacio, Mirian Morales. En estas grabaciones, los mencionados estarían presuntamente involucrados con las supuestas contrataciones irregulares de Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura.

El que presentó los audios fue el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), quien tiene investigaciones fiscales por peculado doloso, cohecho pasivo, colusión agravada, entre otras, que habría cometido cuando fue titular de la Contraloría General de la República.

En esa ocasión, la moción de vacancia no prosperó, pero el Congreso fue por más. Al mes siguiente, en octubre, intentaron por segunda vez destituir a Vizcarra bajo la misma causal que la primera, luego de que un aspirante a colaborador eficaz señalara que Vizcarra Cornejo recibió coimas de más de un millón de soles cuando fue gobernador de Moquegua, a fin de otorgar la concesión de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua a la constructora Obrainsa-Astaldi e ICCGSA.

Congreso perpetró golpe de Estado y generó crisis política

Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el 9 de noviembre el Legislativo aprobó la vacancia presidencial, en plena negociación del Ministerio de Salud para adquirir la vacuna contra el coronavirus y el desarrollo de las medidas para la reactivación económica desde el Ministerio de Economía.

La ciudadanía mostró su indignación por el golpe de Estado generado por el Parlamento y salió a protestar a las calles a partir de esa fecha. El acciopopulista Manuel Merino juró el 10 de noviembre como presidente del país en medio de manifestaciones que continuaron durante los siguientes cinco días, hasta que renunció a la presidencia el 15 de noviembre, luego del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado a causa de la represión policial efectuada durante esos días.

Más allá de que el Congreso haya generado la crisis política, la mayoría de los integrantes del Tribunal Constitucional no se pronunciaron con un concepto claro sobre la causal de incapacidad moral permanente, lo que dejó vulnerable al próximo Ejecutivo.

Respecto a ello, el analista político Luis Benavente consideró que si bien la vacancia fue constitucional, la causal en mención debe ser un tema de agenda para ser resuelta por esta legislatura o por la próxima, ya que puede generar nuevamente un escenario como el vivido.

“Si políticamente yo quiero vacar a alguien diré que es incapaz moralmente. Estamos ante un problema donde la norma constitucional deja abierta muchas posibilidades, y obviamente en un momento dado muchos congresistas reaccionaron en contra de Vizcarra”, precisó en declaraciones a La República.

En ese sentido, ejemplificó con el presidente Francisco Sagasti, diciendo que los congresistas pueden tomar su actitud como cuestionable y si tiene el apoyo de la mayoría del Congreso, lo destituirán.

Ejecutivo y Legislativo en constante confrontación

Además, Benavente afirmó que el accionar del Legislativo fue irresponsable, pero también político, dado que en su opinión, Vizcarra “provocaba constantemente” al Parlamento.

“(Vizcarra) daba declaraciones permanentemente cuestionando al Congreso. No era un presidente que buscara el diálogo. Entonces, eso era tomado por el Legislativo como provocaciones, pero el ánimo adverso era recíproco de ambas partes”, refirió.

No obstante, cree que la representación nacional no midió el perjuicio personal que iba a acarrear a cada partido con la vacancia, al generar el descontento en la ciudadanía a tan solo unos meses de las elecciones generales.

“En este caso, pocas veces en la historia reciente del Perú, la calle se impuso al punto de que hizo que los partidos retrocedan, porque venía un proceso electoral y la calle representaba votos. Si hablamos de ganadores y perdedores, ahí ganó el Partido Morado y ganó Guzmán”, acotó Benavente.

De igual modo, opinó que Verónica Mendoza tuvo un incremento en la intención de voto debido a su postura “en contra de la vacancia presidencial”, ya que tras la destitución de Vizcarra “asumió un rol público”.

La gobernabilidad a expensas del Parlamento

A su turno, la analista política Eliana Carlín sostuvo que mientras no se defina el concepto de incapacidad moral permanente, esta continuará siendo usada de acuerdo a las subjetividades del Parlamento.

“Aquí existe la necesidad de aclarar cuáles son los alcances y las implicancias de la figura de la permanente incapacidad moral. En este momento, no hay nada que el Ejecutivo pueda hacer para impedir que se le aplique exactamente lo mismo. El Tribunal Constitucional ya tuvo la chance de hacerlo (aclarar) y no lo ha hecho, así que estamos a expensas nuevamente del Congreso”, expresó a este medio.

Manifestó también que la decisión del Legislativo de vacar a Vizcarra y colocar a Merino en la presidencia sumió al país en una gran inestabilidad, que tuvo como una de sus consecuencias el retraso de la adquisición de vacunas para el coronavirus.

“Ha sido un cálculo tan rastrero que no les ha interesado que falten pocos meses para las elecciones, ahí lo que han calculado es que tienen ocho meses por delante para beneficiar sus intereses, que lindan con la ilegalidad”, añadió la politóloga.

A su vez, Carlín opinó que el Ejecutivo actual “es muy débil”, ya que tiene una bancada pequeña, además del mismo discurso de la oposición sin ningún propósito de enmienda, por lo cual Francisco Sagasti todavía podría enfrentarse a una posibilidad de ser vacado. Del mismo modo, consideró que tienen un panorama bastante complicado durante los próximos meses de Gobierno.

“(Este Ejecutivo se enfrenta a) unas expectativas de la población altísimas a diferencia del régimen de transición de Valentín Paniagua, donde no estábamos en pandemia, ni las personas tenían muchas expectativas de reactivación económica, ni (el Gobierno tenía) la necesidad de comprar una vacuna”, advirtió.

A eso se le suma el estallido de los conflictos sociales que se vivieron en las últimas semanas y, adicionalmente, el régimen de transición de Francisco Sagasti tiene la tarea de organizar elecciones generales ante la amenaza de una segunda ola de coronavirus.

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