Cambios en la Comisión de Fiscalización: Héctor Maquera en lugar de Edgar Alarcón
De acuerdo con Héctor Maquera, las investigaciones que pesan en contra de Alarcón fueron determinantes para que UPP decida removerlo del cargo de presidente de la comisión.
La presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso pasó de Edgar Alarcón al parlamentario Héctor Maquera. La decisión del cambio obedecería a las investigaciones por presuntos actos de corrupción que pesan en contra del primero, mientras se desempeñó como contralor.
En conversación con La República, Héctor Maquera indicó que Unión Por el Perú (UPP) optó por remover a Alarcón por una razón en específico. El expresidente Martín Vizcarra fue vacado del cargo por presuntos actos de corrupción y, precisamente, sobre el excontralor también pesan investigaciones de este tipo.
“Dio un paso al costado por los cuestionamientos de la población”, dijo Maquera al ser consultado sobre la decisión tan repentina. “En su momento oportuno, el Poder Judicial decidirá si (Edgar Alarcón) es culpable o inocente”.
Dados los cambios, en adelante Alarcón es titular en la comisión de Fiscalización, mas no presidente.
Con relación a su nuevo cargo, Maquera indicó que continuará con la labor que realizó Edgar Alarcón, pero además entrará directamente a investigar las obras de 14 hospitales paralizados en el territorio nacional.
Respecto a los serios cuestionamientos que recibe el Congreso debido al golpe de Estado, Maquera considera que la vacancia de Martín Vizcarra “es legitima y constitucional”, y descartó acuerdos previos.
Con relación a las protestas diarias en rechazo al Congreso y a Manuel Merino, sostuvo que, al encontrarnos a puertas de elecciones, las supuestas figuras políticas salen a las calles a utilizar las marchas como una vitrina “para aparecer y decir que son una propuesta en contra”.
Maquera no es un personaje cualquiera. Se trata de un etnocacerista de Tacna que en octubre del 2000 participó en el ‘Locumbazo’ con los dos hermanos Humala, quienes se alzaron en armas contra el régimen de Alberto Fujimori. En aquel entonces el expresidente de la República Ollanta Humala era un militar en servicio, y Antauro Humala era un mayor de infantería del Ejército en retiro.
Cinco años después, Maquera enrumbaría con Antauro Humala y decenas de reservistas armados a Andahuaylas, en Apurímac, donde protagonizaron una asonada y fallecieron cuatro policías.
INVESTIGACIONES CONTRA EDGAR ALARCÓN
En junio de 2017 se hizo publico un audio donde pedía a un auditor de la Contraloría retirar una denuncia elevada al Congreso, para seguir “siendo amigos”. Este señalaba que Alarcón no declaró entre el 2003 y 2015 la compra y venta de 90 autos. Sucede que un funcionario de la Contraloría no puede generar actividades de lucro, precisa la ley.
El 2008 compró por subasta dos terrenos en Camaná, provincia costera de Arequipa, mientras era gerente general de la Contraloría. Un funcionario público está impedido de participar en remates. Y en diciembre del 2016 vendió dichos terrenos al mismo tiempo que era el máximo funcionario del órgano de control. Alarcón negó que la operación le haya generado lucro.
En julio del 2017, la Comisión Permanente del Congreso decidió la destitución de Alarcón como contralor. Entre los fundamentos estaba la coacción hacia el auditor que lo denunció ante el Legislativo, así como la compra de vehículos. También se añadió en las razones la sospechosa liquidación de 127.000 soles que aprobó Alarcón en favor de Marcela Mejía Franco, extrabajadora de la Contraloría, con quien tuvo dos hijos.
El dinero no declarado por Alarcón por la venta de los 90 vehículos generó una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito, pues tendría un desbalance patrimonial cercano a los tres millones de soles. También se le acusa de peculado por presuntos servicios simulados, mientras era máximo jefe de la Contraloría. En julio de este año, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una demanda constitucional para levantar su inmunidad parlamentaria.
Alarcón tiene otra investigación, por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Temerarios del Crimen, una red de empresarios que pagaban coimas para direccionar obras en municipios del norte. Mientras fue contralor general, Alarcón habría recibido 30.000 soles para facilitar el desbloqueo de cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, detalla una investigación fiscal.
