Caso Vizcarra es distinto al de otros gobernadores
Competencia. El Equipo Especial Lava Jato investiga a otros cinco ex gobernadores regionales por actos de corrupción con Odebrecht. Pero solo pidió ampliar sus facultades para investigar al presidente Vizcarra por actos no vinculados a las brasileñas.
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El 26 de diciembre del 2016, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, conformó el Equipo Especial Lava Jato para investigar los casos de corrupción en que habría incurrido la empresa brasileña Odebrecht y otros, para ser favorecidas en licitaciones de obras públicas.
La palabra “y otros” siempre fue entendida por los fiscales de la Nación subsiguientes y todo el Ministerio Público como otras empresas brasileñas, vinculadas al conocido proceso Lava Jato que se desarrolla en Brasil, pues ninguna empresa peruana está investigada en dicho país.
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Por lógica, esto incluye a las empresas y ciudadanos peruanos que habrían recibido sobornos o fueron cómplices de las empresas brasileñas y así es como se han venido realizando las investigaciones.
El 13 de octubre último, el fiscal provincial Germán Juárez solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que amplíe su competencia para investigar al presidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, sin establecer una adecuada motivación.
¿Por qué solo a Martín Vizcarra? ¿Qué pasa con los otros gobernadores regionales que también son sospechosos de actos de corrupción? ¿Cuál es el límite de “y otros” ha partir de dicho pedido?
¿Supone que, a partir de la solicitud de ampliación, el Equipo Lava Jato asume amplia discrecionalidad para interpretar “y otros” al infinito? ¿Cómo había actuado el Equipo Especial hasta esa fecha con los gobernadores regionales?
Fiscales anticorrupción
Lo que aparece de los mismos expedientes es que el Equipo Lava Jato investiga a los gobernadores regionales de San Martin, César Villanueva; del Callao, Félix Moreno; del Cusco, Jorge Acurio; de Cajamarca, Gregorio Santos; y de Áncash, César Álvarez, solo por hechos con Odebrecht.
En el resto de casos, donde intervienen empresas nacionales, los procesos están a cargo de las fiscalías contra la corrupción. En ningún otro caso el Equipo Especial Lava Jato pidió ampliación de competencia para investigar a un gobernador regional.
Incluso, Gregorio Santos tiene una acusación penal que presentó el fiscal Walter Delgado por un supuesto pago de tres millones de dólares que parte de la constructora brasileña Aterpa. Santos tiene una nueva investigación que está en el grupo Lava Jato por un presunto pago de Odebrecht.
El ex gobernador regional de San Martín César Villanueva también es investigado por los fiscales que lidera Rafael Vela por un presunto pago de US$ 320 mil que habría recibido de Odebrecht. Otros casos, en relación a empresas peruanas, se investigan en las fiscalías anticorrupción.
César Álvarez, ex gobernador regional de Áncash, tiene dos sentencias por recibir dinero de Odebrecht, que estuvieron a cargo fiscales anticorrupción. El Equipo Lava Jato asumió un caso contra él y Odebrecht, pero solo para resolver la situación de la empresa brasileña, para el acuerdo de colaboración eficaz.
Los ex gobernadores regionales Félix Moreno y del Cusco Jorge Acurio también son investigados por el equipo Lava Jato, igualmente sobre pagos recibidos de la constructora Odebrecht.
En medio de esta controversia, el procurador general Daniel Soria decidió que la defensa del Estado en el caso Vizcarra será la procurad hoc Silvana Carrión, pese a que este proceso no está relacionado con Lava Jato ni con el Club de la Construcción.
La diferencia con el caso Moquegua
El de Martín Vizcarra se diferencia de los casos de los otros gobernadores regionales porque no hay una colaboración eficaz o testimonios provenientes de los funcionarios de Odebrecht o de otra empresa brasileña del caso Lava Jato.
Las declaraciones contra el actual presidente Vizcarra, en su labor en Moquegua, provienen de los directivos de dos empresas nacionales, Obrainsa e ICCGSA, por obras que no fueron parte del entramado del ‘Club de la Construcción’ y que no tienen nada que ver con las actividades de Odebrecht.
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