Puno: admiten a trámite hábeas corpus a favor de Walter Aduviri por ser paciente COVID-19
Se trata de una medida correctiva interpuesta en contra de los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de Puno, y diversos funcionarios del INPE, debido a que habrían afectado su derecho a la vida y la salud.
La República en GoogleEl Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Juliaca admitió a trámite la demanda constitucional de hábeas corpus correctivo a favor de Walter Aduviri, quien cumple sentencia de seis años por el caso Aimarazo en el penal de Yanamayo.
El recurso fue interpuesto por su defensa Beltrán Hancco, por presunta afectación del suspendido gobernador de Puno al derecho constitucional a la vida y su salud, quien se contagió de coronavirus.
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El hábeas corpus correctivo presentado es en contra de magistrados integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, el procurador público ad hoc del Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el procurador público del INPE.
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Hancco advierte que su patrocinado padece de afecciones médicas previas o preexistentes a la COVID-19, que lo hacen una persona altamente vulnerable. “Día a día se va deteriorando su salud y su estado emocional, sin poder recibir un tratamiento especializado es decir por un médico cardiólogo, neumólogo, otorrino e internista”, sustenta.
Añade que el INPE, no tiene las condiciones mínimas para asegurar el estado de salud de Walter Aduviri, por lo que no se garantizaría su recuperación y la atención especializada de las enfermedades que padece.
El magistrado del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Juliaca, Milton Huallpa, admitió a trámite el recurso y dispuso correr traslado la demanda a cada uno de los demandados.
Asimismo, se pidió que la Dirección del Establecimiento Penal de Yanamayo, dentro del plazo de tres días, remita un informe documentado sobre el historial clínico del interno Walter Aduviri a consecuencia de la COVID-19 y el estado de salud de posibles enfermedades preexistentes.
A inicios del año, el Juzgado Penal Unipersonal declaró improcedente el pedido de conversión de pena privativa de la libertad por la de vigilancia electrónica personal a favor del suspendido gobernador.
La defensa técnica de Aduviri, en ese momento solicitó variar su pena a arresto domiciliario, para lo cual alegó, entre otros aspectos, que el sentenciado se encontraría delicado de salud.
