Humberto Acuña: Fiscalía buscará este martes impedimento de salida contra congresista
Medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez en el caso Olmos busca rectificar su rechazo en primera instancia.
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La Fiscalía Superior del Equipo Especial Lava Jato insistirá este martes desde las diez de la mañana en su pedido para dictar impedimento de salida por 36 meses contra el parlamentario Humberto Acuña.
El tribunal integrado por los jueces Ramiro Salinas, Guillermo Piscoya y Víctor Enríquez será el encargado de evaluar virtualmente si procede o no lo solicitado por el fiscal José Domingo Pérez en marzo último contra el representante de Alianza para el Progreso por la investigacion del caso Trasvase Olmos.
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Humberto Acuña es investigado por el delito de colusión en esta carpeta fiscal. Domingo Pérez imputa en ella la presunta participación de aquel cuando era gobernador regional de Lambayeque y haber beneficiado presuntamente a la empresa brasileña Odebrecht. Yehude Simon Munaro es otro de los procesados en la investigación.
En representación del Ministerio Público se presentará el fiscal superior Hernán Mendoza; mientras que en el caso de Humberto Acuña, este manifestó en comunicación con La República que su defensa sí se conectará a la audiencia virtual, pero prefirió no responder si se someterá a lo solicitado por la Fiscalía o si manifestará su oposición a la medida en la audiencia.
Al exgobernador de Lambayeque también se le imputa haber firmado tres documentos por las obras de trasvase en el 2011: dos relacionados con actas de reuniones de trato directo y una transacción extrajudicial con la concesionaria, en relación al Trasvase Olmos.
El congresista se pronunció a través de sus redes sociales.
Además, Acuña tiene pendiente un juicio oral desde junio y que ha postergado con un recurso de nulidad ante el proceso que se le sigue por falsa declaración en agravio del Jurado Nacional de Elecciones cuando postuló al gobierno regional en 2010.
El Ministerio Público pidió en Lambayeque contra el actual legislador una pena de 3 años de prisión suspendida. No obstante, dado el recurso de nulidad presentado, debe ser la Corte Suprema quien aclare primero este requerimiento antes de continuar o no con el juicio.
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