Poder Judicial rechazó suspender condena a prófugo del caso Orellana
Tribunal determinó que no hay motivos para beneficiar al sentenciado Carlos Vargas Machuca, en condición de no habido desde febrero.
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La Sala de Apelaciones Anticorrupción ha decidido que Carlos Vargas Machuca, condenado a 4 años de prisión por el caso Orellana y prófugo desde hace más de cinco meses, mantenga vigente la sentencia en su contra que se ordenó en febrero de este año.
Acorde a la resolución que accedió La República, los jueces superiores que integraron el citado tribunal estimaron que existe un “flagrante” peligro de fuga pues, el día que se leyó su sentencia, el 17 de febrero último, Vargas no asistió a la audiencia.
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A inicios de julio, Carlos Vargas presentó su pedido para suspender temporalmente la condena que pesa sobre él por el delito de asociación ilícita. En aquella oportunidad, tras un juicio oral de once meses aproximadamente, la jueza Fernanda Ayasta determinó en primera instancia que Vargas influyó en Registros Públicos siendo el contacto externo de una organización criminal entre los años 2011 y 2013 donde se obtuvieron ilícitamente alrededor de 20 inmuebles.
En total, la red criminal que fue encabezada por Ludith, la hermana de Rodolfo Orellana, pudo inscribir 47 terrenos con esta modalidad con ayuda de la Sunarp desde el 2009.
En este contexto, el prófugo Vargas Machuca argumentó en su pedido de suspensión temporal de condena la situación de hacinamiento en los penales y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un motivo “humanitario” para no someterse a la justicia. No obstante, el Poder Judicial ha desestimado su petición.
Parte de la resolución en mención.
Las autoridades aún no logran dar hasta la fecha con el paradero de Vargas Machuca. Sin embargo, el condenado participó desde la clandestinidad virtualmente la semana pasada para comunicar a los jueces su intención de suspender la sentencia.
Cabe precisar que Vargas Machuca fue hallado responsable del “direccionamiento” de títulos de propiedad en Sunarp, ejerciendo una influencia externa pues no era trabajador de dicha entidad. Además, durante el proceso judicial se reveló que recibía pagos de US$500 por cada gestión realizada a favor de la organización criminal de Ludith Orellana.
Parte de la resolución en mención.
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