Luis Roel: “Héctor Becerril podría ser inhabilitado hasta con 10 años para ejercer función pública”
Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales indicó que se incluyó una imputación de infracción a la Constitución para que sea viable un juicio político contra el excongresista de Fuerza Popular.
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El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Luis Roel Alva, indicó que el excongresista fujimorista Héctor Becerril podría ser inhabilitado con 10 años de ejercer la función pública si es hallado culpable de una infracción a la Constitución.
Este viernes 17, el citado grupo de trabajo declaró procedente la acusación contra Héctor Becerril por los presuntos delitos de extorsión, cohecho, por integrar una organización criminal y por patrocinio ilegal, entre otros.
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En ese sentido, Luis Roel detalló, en diálogo con TV Perú, que se incluyó una imputación de infracción a la Constitución a fin de que sea viable un juicio político. “El juicio político da una posibilidad de sancionar con una inhabilitación de hasta 10 años para ejercer la función pública”, estimó.
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Como se recuerda, la subcomisión aprobó con 14 votos a favor seguir con la denuncia constitucional presentada por los exparlamentarios: María Elena Foronda, Richard Arce, Marvin Palma y Gloria Montenegro durante el periodo congresal anterior.
Asimismo, el grupo de trabajo declaró procedente la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el fiscal supremo, Tomás Gálvez; el exjuez supremo, César Hinostroza; y los exmiembros del extinto Consejo Nacional de Magistratura, Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe.
Sobre los acusados de pertenecer a Los Cuellos Blancos del Puerto, Roel Alva expresó que fueron denunciados por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio ilegal.
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En todos estos casos aprobados, el informe de calificación de la subcomisión, que declara procedentes las denuncias, pasará a la Comisión Permanente del Congreso para que sea aprobado por sus miembros.
De ser aprobado, la Comisión Permanente establece un plazo de investigación, el mismo que será notificado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que, a su vez, notificará a los denunciados para que emitan sus descargos.
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