Roel Alva tras instalación de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: “Que sea el inicio del fin de los blindajes”

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se instaló este viernes 19 de junio tras más de tres meses de entrar en funciones la entidad legislativa. Este grupo de trabajo estará liderado por Luis Roel Alva de Acción Popular.

En la sesión de instalación, iniciada a las 9 de la mañana, también se oficializó la designación de Luis Valvez Farias de Alianza Para el Progreso como vicepresidente y de Guillermo Aliaga Pajares de Somos Perú como secretario. La agrupación estará conformado por 19 legisladores.

Roel Alva: “No permitiré ninguna práctica obstruccionista”

El parlamentario Roel Alva en su mensaje a sus colegas de la subcomisión reiteró que el actual Parlamento debe marcar diferencia con el anterior, que, remarcó, fue descalificado por la ciudadanía al ver el “blindaje” que ejercían a favor de algunos altos funcionarios cuestionados.

“El Congreso anterior fue percibido por la ciudadanía como un Parlamento que blindaba a delincuentes y hermanitos que confundía la inmunidad con la impunidad”, enfatizó el integrante de Acción Popular.

Asimismo, resaltó que como presidente de la subcomisión no permitirá la “práctica obstruccionista” a la labor de investigación del Ministerio Público y el Poder Judicial. Aseguró que por sobre todo actuará conforme a lo que la ciudadanía espera.

“Me debo a todos los grupos parlamentarios y a todos los ciudadanos del país. No permitiré ninguna práctica obstruccionista. (...) Digámosle no a los cálculos políticos y que hoy sea el inicio del fin de los blindajes. Hay que retomar un camino de responsabilidad y transparencia porque se lo debemos al país, democracia y a todos los peruanos”, subrayó.

Pide priorizar denuncias de la Fiscalía sobre antejuicio político

En esta línea, Roel Alva propuso que como parte de su plan de trabajo es priorizar las denuncias constitucionales contra altos funcionarios que continúen en su cargo o que lo dejaron, bajo la modalidad de antejuicio político.

Precisó que hay procesadas 104 acusaciones, de las cuales están en trámite 55 por antejuicio político y 21 comprenden a los dos tipos de acusaciones constitucionales, antejuicio político y juicio político. Además, 69 están pendientes de dar cuenta o calificar, 4 de que la subcomisión designe un grupo de trabajo 5 para que se programe la audiencia respectiva.

“Propongo que ponga especial incidencia y actúe con mayor celeridad en aquellas denuncias constitucionales que tengan la modalidad de antejuicio político, es decir, aquellas en las que se denuncie a un alto funcionario por la presunta comisión de un delito. Que nunca más este Parlamento sea obstáculo para la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial”, mencionó.

Agregó que con este planteamiento no está renunciando a la competencia de la subcomisión o que se dé luz verde siempre a las denuncias de dichos organismo autónomos, si no que se dé la importancia a los pedidos de estas entidades.

Alva estima que en seis meses se concluiría carga procesal

Por otro lado, el acciopopulista planteó que por sesión se evalúan seis denuncias constitucionales si se trata de evaluar su procedencia o no procedencia, y diez si es para analizar la recepción de las mismas.

“En aproximadamente 5 o 6 meses se podría tener concluida la carga procesal de la subcomisión y no generar dilaciones innecesarias que pueda percibirse como protección o blindaje por parte de la subcomisión”, señaló Luis Roel Alva.

Casos pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Entre los pendientes figuran las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Jaime Alcides Velarde. Los dos primeros investigados por la Fiscalía Suprema.

Tampoco se vieron los casos de los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Águila, Julio Gutiérrez Pebe, Sergio e Iván Noguera, Orlando Velásquez, y contra el ex vocal supremo: César Hinostroza.

Otro caso es el relacionado a la excongresista Luciana León del Apra, quién habría usado su influencia política para pedir favores a ministros en beneficio de su hermano, Rómulo León Romero. Además, es investigada por el Ministerio Público como el “brazo legal-político” de la organización criminal Los Intocables Ediles, que operaba desde años en la Municipalidad de La Victoria.

Héctor Becerril , exparlamentario de Fuerza Popular, también es investigado por el Ministerio Público desde mayo del 2019 debido a sus presuntos vínculos con ‘Los Wachiturros de Tumán’, organización criminal en Chimbote que busca adueñarse de la Empresa Agroindustrial Tumán S. A. Además, también es relacionado con ‘Los Temerarios del Crimen’, e implicado en el caso ‘La Hermandad del Norte’. Conoce los otros temas pendientes.

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