Procuraduría del caso Lava Jato pidió lista de empresas favorecidas en Reactiva Perú
“El Estado no puede garantizar a una empresa que tiene algún problema legal con la justicia”, afirmó Silvana Carrión, titular de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato.
La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, anunció que solicitará información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la relaciones de empresas que fueron beneficiadas con préstamos del programa Reactiva Perú.
Asimismo, informó que se detectó a la empresa Cesel, comprendida en los casos Metro de Lima y Hospital Lorena de Cusco, como parte de la nómina de beneficiarios.
“Al haber identificado esto, le hemos solicitado al MEF que nos informe cuáles han sido los procedimientos que están siguiendo para la verificación de las empresas elegibles para el programa, cuáles es el procedimiento para los créditos elegibles del programa”, sostuvo en diálogo con Ideeleradio.
Silvana Carrión agregó que la institución que titula tiene la intención de trabajar junto al MEF para identificar a las empresas imputadas por casos de corrupción.
“Nos estamos poniendo a disposición del MEF con la información que cuenta la Procuraduría, desde el caso Lava Jato, con todas las empresas que están incorporadas como tercero civilmente responsable o que son personas jurídicas investigadas en los casos”, aseveró.
Plan Reactiva Perú-crédito para empresas
Además, reiteró que su petición tiene la finalidad de que el ministerio titulado por María Antonieta Alva pueda aplicar los filtros necesarios para saber exactamente qué empresas investigadas que se han acogido al programa.
“Las empresas que estaban comprendidas en la ley 30737, estas empresas no eran elegibles para Reactiva Perú, sin embargo, después de publicarse el Decreto Legislativo 1508, crea el programa de garantía de esos créditos. Entonces, en su punto 6.3, señala las exclusiones que no pueden ser garantizados por el Estado”, manifestó.
Aclaró que son 4 supuestos vinculados a casos de corrupción: las empresas comprendidas en la ley 30737, ley de reparación civil, las que se encuentran sometidas a dicha norma al ser empresas colaboradoras.
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Carrión explicó que se añade a las empresas comprendidas en casos de corrupción y por último, aquellas personas naturales representantes de empresas que vienen siendo investigadas por delitos de corrupción o conexos.
Recalcó que es un contrasentido que, si una empresa tiene que pagar a futuro una reparación civil, el Estado las esté avalando. “El Estado no puede garantizar a alguna empresa que tenga algún problema legal con la justicia”, acotó.
“Nosotros queremos ser rigurosos y responsables, primero tenemos que tener la información que nos proporcione el MEF y, luego, tomar las acciones”, concluyó Silvana Carrión.
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