Tribunal Constitucional: proponen que candidatos sean elegidos por concurso público

La agrupación parlamentaria de Acción Popular (AP) propone que los candidatos a formar el Tribunal Constitucional (TC) sean elegidos mediante un concurso público, y que, tras diversas evaluaciones, tachas y audiencias públicas, sea el Pleno del Congreso que designe a los nuevos magistrados.

El proyecto de ley N° 4978 es muy parecido al que presentó el Poder Ejecutivo al Legislativo el pasado setiembre de 2019, con la iniciativa legal N° 4847, el que provocó la confrontación final entre las dos entidades.

Ambos plantean la modificación del artículo 8 de la Ley Orgánica del TC, que responde a las funciones de la Comisión Especial, integrada por parlamentarios y encargada de la elección de los tribunos.

La propuesta de Luis Roel Alva, de AP, añade también un cambio en el artículo 11 al añadir un requisito más para ser parte del máximo órgano constitucional, cuyas funciones de los miembros actuales vencieron en junio del año pasado.

Cabe señalar que el Pleno del Congreso dejó sin efecto el pasado viernes 22 de mayo, la lista de postulantes a la entidad elaborada por el Legislativo disuelto, y también rechazó la incorporación del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo magistrado, cuya designación había sido aprobada en el anterior periodo.

“Las últimas elecciones de los magistrados del TC han sido realizadas a través de la modalidad de invitación, es decir, las bancadas invitan a quienes ellos consideren, con lo cual no solo restringimos la posibilidad de tener a los mejores constitucionalistas del país, sino que abrimos la puerta a la repartija”, sostuvo , autor de la propuesta parlamentaria legal.

Candidatos al TC elegidos mediante concurso público

La iniciativa legislativa establece que la Comisión Especial del Congreso será conformada por un participante de cada bancada. Esta creará un reglamento para cada procedimiento de la elección de los tribunos que deberán tener los pilares de “transparencia” y “se primará la meritocracia de los candidatos”.

A su vez, agregan que la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República “colaborarán con la Comisión Especial en la evaluación de las diferentes etapas del procedimiento y en la resolución de las tachas a través de informes técnicos según sea el caso".

El grupo de trabajo del Congreso publicará en El Peruano y en el portal institucional del Congreso la “convocatoria de un concurso público de méritos” para la elección de candidatos, así como el reglamento a seguir.

Luego de este paso, se publicaría la lista de los candidatos para que la ciudadanía presente las tachas correspondientes, tras esto se inicia la evaluación documental, La comisión evaluará a cada postulante mediante audiencia pública sobre su trayectoria y “su posición sobre temas de relevancia jurídica constitucional”.

Los nombres de los que superen esta etapa será publicados y serán debatidos y votados por el Pleno del Parlamento en un plazo “no inferior a 5 días hábiles”. Serán designados como nuevos integrantes del TC los que obtengan “el voto favorable de los dos tercios del número legal” los legisladores.

Todos estos puntos fueron planteados por el Poder Ejecutivo, diferenciándose en que el plazo propuesto por el Gobierno para que el Pleno evalúe a los candidatos sea no inferior a siete días hábiles.

El proyecto de ley firmado por el presidente Martín Vizcarra y por Salvador del Solar, entonces primer ministro, establecía que la convocatoria abierta debía tener el respaldo de una o más instituciones públicas, siguiendo la misma esencia de la que ahora presentó AP.

Un requisito más para ser miembro del TC

La propuesta legal añade también un requisito más en el ámbito profesional para ser un tribuno , modificando de esta manera el artículo 11 de la Ley Orgánica del TC.

“Contar con el grado de maestría o con especialización universitaria en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y/o Derecho Procesal Constitucional”, se lee como el punto cinco de las disposiciones para ser parte del máximo órgano constitucional.

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