Autoridad de Control del PJ investiga nueva actuación “exprés” del juez Juan Varillas

El 20 de julio de este año, diez días antes de que el juez Juan Varillas Solano suscribiera la cuestionada resolución a favor de un grupo minoritario de accionistas del Grupo El Comercio, la empresaria Daphne Quiroz Strohmeier interpuso una denuncia contra el magistrado ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), por su actuación irregular en un cuaderno cautelar.

Quiroz acusa a Varillas de dictar una medida cautelar maliciosa en tiempo récord a favor de una accionista minoritaria (1.75%), en perjuicio de la mayoritaria (98.25%), en un caso que está en litigio en otras instancias judiciales.

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De acuerdo con la denuncia, el 28 de abril de este año, Varillas otorgó a María Sander Gallangos el control absoluto de la compañía Pesquera Ninfas del Mar. Sander es titular del 1.75% de las acciones de la mencionada empresa y es esposa de Jorge Quiroz Strohmeier, hermano de Daphne Quiroz, la accionista mayoritaria.

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Amparo exprés

La medida cautelar se emitió cuando está por resolverse, en el 17.º Juzgado Comercial de Lima, un litigio entre los hermanos Quiroz por la propiedad de las acciones de la pesquera. Ante un eventual fallo adverso, Sander y su esposo, Jorge Quiroz, se adelantaron y, gracias a la medida cautelar exprés de Varillas, lograron tomar el mando de Pesquera Ninfas del Mar. Al juez solo le bastaron cuatro días hábiles para evaluar el caso y resolver a favor de María Sander Gallangos.

"En lugar de nombrar como administrador a un tercero imparcial, (Varillas) designó a María Sander, accionista minoritaria y esposa de la persona con quien mantengo un conflicto societario (Jorge Quiroz) hace más de dos años, para que conduzca, dirija, represente y gestione la empresa pesquera", se queja Daphne Quiroz.

Al solicitar la medida cautelar, Sander argumentó que la disputa legal entre su esposo y Daphne Quiroz supuestamente afectaba la operatividad de la pesquera, pero no acompañó evidencia alguna de su afirmación y Varillas tampoco se la requirió.

Además, en el momento en el que se emitió la medida cautelar, Pesquera Ninfas del Mar contaba con un gerente general y un apoderado en funciones. De acuerdo con la información de Registros Públicos, el gerente general es Nino Garbosa Rodríguez y el apoderado es Jorge Quiroz Strohmeier, cónyuge de María Sander, la persona que pidió la medida cautelar.

"Sin que el proceso estuviera relacionado con la administración de la empresa y sin que existiera de por medio una situación de acefalía representativa, Varillas confirió amplias facultades de representación, gestión, administración y conducción a la solicitante de la medida cautelar (María Sander)", sostiene Daphne.

Cautelar versus cautelar

La conducta irregular del juez Varillas se evidencia también porque tenía pleno conocimiento —dice la denunciante— de otra medida cautelar del 4 de marzo de 2024, otorgada por el 17.º Juzgado Comercial de Lima. En esa primera medida cautelar, el Poder Judicial había dispuesto que el gerente y el apoderado se "abstengan de realizar cualquier acto que implique la disposición, enajenación, gravamen, transferencia y/o actos similares sobre los bienes de la empresa Pesquera Ninfas del Mar".

En la nueva resolución cautelar, Varillas hace alusión a esa medida previa, pues lo que se buscaba era neutralizar sus alcances: una medida cautelar contra otra medida cautelar. El 17.º Juzgado Comercial de Lima ordenó a los representantes de Pesquera Ninfas del Mar, entre ellos Jorge Quiroz, no disponer de los bienes de la empresa.

"Mientras tanto, al otorgar la administración a María Sander, esposa de Jorge Quiroz, Varillas la autoriza expresamente a realizar actos contrarios a la prohibición establecida por el 17.º Juzgado Comercial de Lima", señala Daphne.

Corrupción a gran escala

La cuestionada actuación del juez Juan Varillas evidencia lo que sería un problema mayor para las autoridades judiciales: el manejo irregular de medidas cautelares en los juzgados comerciales de Lima, en el que estarían implicados abogados, personal administrativo, personal jurisdiccional y jueces de diversos niveles.

Esta red operaría desde hace varios años con la complicidad y el silencio de algunas autoridades del más alto nivel en el Poder Judicial y, de acuerdo con diversas fuentes, llegaría hasta la Junta Nacional de Justicia. La JNJ, que se dice activa en la lucha contra la corrupción judicial, no toma ninguna acción sobre el ruleteo y direccionamiento de expedientes en los juzgados comerciales. Esta red direccionaría los expedientes a determinados jueces que resuelven de acuerdo con sus intereses.

En septiembre último, en una entrevista concedida al diario El Comercio, el jefe de la Autoridad de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Bran, reconoció la existencia de una investigación disciplinaria —con la colaboración de ingenieros informáticos— sobre el direccionamiento de expedientes en las mesas de partes de los juzgados constitucionales y comerciales. Palacios Bran anunció resultados en 15 días, pero casi un mes después no ha vuelto a decir nada.

Peritaje informático

De acuerdo con diversas fuentes judiciales, en la investigación al juez Varillas un peritaje informático en la Mesa de Partes Única de la Corte Superior de Lima se habría encontrado evidencias de esta presunta red de direccionamiento de expedientes. "Los hallazgos son capaces de generar una devastadora tormenta en el Poder Judicial". Sin embargo, hay también interés en ocultar todo y hacer aparecer que los registros digitales no sirven, pues no distinguen la complejidad del trabajo de los jueces comerciales.

El silencio de la Autoridad de Control del PJ y de la Junta Nacional de Justicia dice mucho. La República seguirá indagando lo que sucede, pues no solo se trata de la conducta de un juez, sino de la posible existencia de una red que manipula el mecanismo que garantiza la imparcialidad en la asignación de los procesos.

Por cierto, la ANC-PJ ha suspendido a Varillas en tres oportunidades y, hasta donde se conoce, en una ocasión se solicitó a la JNJ su destitución. Además, la fiscalía promovió un proceso penal en su contra por medidas cautelares a favor de la red Orellana y estuvo implicado en la red de Los Cuellos Blancos del Puerto. Pero, hasta este momento, no pasa nada más allá de unos meses de suspensión.

Siempre vuelve. Eso no es normal. Cualquier otro magistrado con esos antecedentes ya no solo estaría suspendido. Hay mucho poder detrás de las irregularidades en el subsistema comercial. Un poder que garantiza silencio cómplice e impunidad.