Hoy entregan informe para afrontar crisis en penales por COVID-19

Los magistrados supremos Víctor Prado Saldarriaga y César San Martín entregarán hoy su informe sobre las medidas que se deben adoptar para superar la crisis que se vive en los penales por el hacinamiento y el contagio del nuevo coronavirus.

El documento será debatido y aprobado eventualmente mañana por los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el fin de ejecutarlo a la brevedad, como quedó establecido al designarse a ambos integrantes de la comisión especial, el último jueves.

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Según Prado Saldarriaga, quien preside la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se trata de una serie de propuestas técnicas que deben implementarse en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial, y que devienen en la excarcelación de reos cuyas vidas están en riesgo por el contagio y propagación del Covid-19 en los penales del país. También de propuestas de normas legislativas que tengan el mismo propósito.

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Hasta el pasado martes, según cifras oficiales, eran 30 los internos fallecidos y más de 600 los contagiados por el mal en los 68 penales del país, mientras que en el INPE los agentes muertos sumaban 7 y los infectados 245.

Ese día, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, dijo que se habían adoptado medidas extremas de aislamiento y de desinfección para evitar la propagación del mal en los centros penitenciarios. Sin embargo, las denuncias sobre nuevos contagios se mantienen.

Prado Sadarriaga apuntó que la falta de información precisa sobre la condición de cada reo y la sobrepoblación hacen difícil, por el momento, decir a cuántos internos se podrá beneficiar con las medidas a implementar, pero espera disipar esa duda en unos 30 días.

“Toda la información que tenemos es global. Nos hubiera sido bastante útil saber si un reo tiene diabetes, cáncer u otra enfermedad, cuántos realmente son vulnerables a la enfermedad. Eso no existe”, dijo.

Aunque evitó dar detalles, Prado dijo que todas las medidas que proponen están en la línea de la despenalización, tanto de condenados como de procesados, y en función de una selección por la gravedad de sus delitos, estado de salud, edad, pero, sobre todo, por su vulnerabilidad.

También se plantea ampliar la operatividad de algunas medidas y desarrollar audiencias extraordinarias. “Todo está en función de factores de riesgo, relacionados al tipo de causal por la que se está en la cárcel. Hay varias variables”, comentó.

Mayor celeridad

Por su parte, el viceministro de Justicia, Alex Rueda, insistió en solicitar celeridad al Poder Judicial y al INPE en la entrega de información básica de los reos que son pasibles de un indulto o una conmutación de pena, como son los antecedentes penales, reincidencia y si tienen otro mandato de detención.

Espera que esta semana la comisión de gracias presidenciales que preside pueda entregar al mandatario otro grupo de expedientes de eventuales beneficiarios penitenciarios.

El funcionario dijo que también se otorgará gracias presidenciales a internos de los centros juveniles de readaptación, bajo el criterio de penas menores a los 18 meses y aquellos cuya permanencia es el centro está por vencer.

Alistan denuncia constitucional contra el ministro de Justicia

La bancada de Unión por el Perú (UPP) evalúa denunciar constitucionalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, por la situación que padecen los presos en el contexto de la propagación del nuevo coronavirus, informó su vocero José Vega.

Adelantó que coordinan esta posibilidad con otras tres bancadas que también cuestionan el trabajo del titular del Minjus y del jefe del INPE, Gerson Villar, luego de que 9 reos murieran en el motín ocurrido en el penal Miguel Castro Castro, la semana pasada.

“Estamos pidiendo que este señor debe renunciar y nosotros vamos a hacer una denuncia constitucional, por la vida, por la salud de las personas (de los penales)”, apuntó.