Defensoría del Pueblo se pronuncia en contra de la ley de protección policial
“La necesidad de fortalecer el marco legal para facilitar la labor policial debe hacerse dentro del lineamiento constitucional y tratados internacionales”, indica el organismo constitucional.
La Defensoría del Pueblo evidenció su preocupación sobre la reciente Ley de Protección Policial, que fue promulgado, el último sábado 28, por el Congreso de la República.
Norma que brinda protección legal a efectivos de la PNP cuando causen lesiones o muerte en ejercicio de sus funciones constitucionales.
Asimismo, la cuestionada ley agrega la asesoría y defensa legal de manera gratuita a los agentes de la Policía Nacional del Perú que afronten algún proceso fiscal, penal o civil derivado del sus funciones reglamentarias.
“Tiene por finalidad garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional, cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y de esta manera gocen de la protección legal del Estado”, dice parte de la ley publicada en el Diario El Peruano.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación alegando que la reciente norma elimina el principio de proporcionalidad, “que constituye un criterio básico para la protección de la vida en integridad de todos”.
En efecto, el organismo constitucional resalta que ninguna norma puede dejar sin efecto el principio de proporcionalidad debido a que es una regla que deriva de la Carta Magna del Perú y de tratados internacionales.
Precisamente, el comunicado de la Denfensoría hace hincapié en que “todos los funcionarios encargados de administrar justicia siguen obligados a respetarlos" y recuerda lo anunciado anteriormente por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes señalaron que el uso de armas debe estar bajo los principios de proporcionalidad,legitimidad, humanidad y necesidad.
“La necesidad de fortalecer el marco legal para facilitar la labor policial debe hacerse dentro del lineamiento constitucional y tratados internacionales”, indica.
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El organismo presidido por Walter Gutiérrez también menciona la inconstitucionalidad de la modificación del Código Procesal Penal, presentada en la mencionada ley, al impedir que se dicte la prisión preventiva o detención contra los efectivos que causen, durante su función, lesiones o muerte.
“Tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos constitucionales autónomos, por lo que no es posible afectar sus funciones”, concluye el comunicado.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo muestra su acuerdo con la creación de una Procuraduría especializada en la defensa legal de los efectivos de la Policía Nacional del Perú.
