Exjefe del Ejército y otras 5 personas acusadas de entregar inmuebles militares por S/ 19.8 millones

El excomandante general del Ejército, Luis Ramos Hume, el inspector general de la misma institución, Próspero Díaz Arrué, otros tres oficiales y un abogado del Ministerio de Defensa, serán denunciados penalmente por la Procuraduría de la Contraloría General de la República.

Una auditoría de la Subgerencia de Control del Sector Seguridad Interna y Externa del organismo contralor atribuye a las 6 personas haber participado en el proceso de transferencia de inmuebles del Ejército al Organismo Especial del Fondo de Vivienda del Ejército (ORES-FOVIME). A cambio, esta institución ejecutó varios proyectos en terrenos de la entidad castrense por un total de 19.8 millones de soles, entre otros, la construcción del Club Recreacional La Tiza, ubicado en distrito de San Bartolo.

Según la Contraloría, los imputados vulneraron las normas y afectaron bienes estatales a favor de los socios de la entidad privada ORES-FOVIME, en desmedros del personal del Ejército.

Fuentes relacionadas con los imputados, manifestaron a La República que cumplieron cautelosamente con las leyes y que incluso contaron con la aprobación de las autoridades del Ministerio de Defensa para el acuerdo con ORES-FOVIME.

La auditoría determinó que el 19 de octubre de 2016, durante la gestión del comandante general del Ejército, general de división Luis Ramos Hume, el instituto castrense y el ORES-FOVIME firmaron un contrato de compraventa para la transferencia de propiedad de 2 inmuebles en Pueblo Libre.

Con el mismo dinero

En contraprestación, la asociación privada ORES-FOVIME debía ejecutar los siguientes proyectos por 19.8 millones de soles:

Construcción del Club Recreacional La Tiza, que consiste en 3 edificios y un comedor sobre predios de propiedad del Ejército por un valor de 11.5 millones de soles.

Construcción de 2 edificios de 20 departamentos cada uno en la Villa Militar Matellini para el personal castrense, por 8.1 millones de soles.

Remodelación de la imprenta del Ejército por 168 mil 976 soles.

Reacondicionamiento del Cuartel Bolívar por 132 mil soles.

Supervisión técnica de las obras por 79 mil 464 soles.

Sin embargo, la figura de la contraprestación, según la auditoría de la Contraloría, no está avalada por las leyes: “La contraprestación no encuentra contemplada en la normativa aplicable. Según la norma presupuestal Sector Público, los recursos que se generen producto de la venta de inmuebles son ingresos y corresponden ser percibidos como recursos directamente recaudados y tienen la naturaleza de fondos públicos”, señala en el informe.

Además, las autoridades dispusieron de los fondos a favor de ORES-FOVIME, que es una entidad privada.

“Dicha situación (la contraprestación) permitió que el <ejército financie la construcción de edificaciones, soslayando las normas que regulan la ejecución presupuestal de los fondos públicos en el Centro de Esparcimiento denominado Club Recreacional Playa La Tiza, facilitada física y financieramente a una asociación privada desde 2006, para uso y beneficio únicamente de oficiales y sus familiares inscritos en el Padrón de Socios, sin atender a los fines institucionales de la entidad (el Ejército)”, concluye la auditoría de la Contraloría.

Nombres de juego

Según el informe, la iniciativa del virtual canje de inmuebles del Ejército por la construcción de edificios en terrenos de propiedad de la misma institución, fue una iniciativa que en 2016 presentaron al entonces comandante general Luis Ramos Hume, el jefe del Comando de Personal del Ejército (COPERE), general Próspero Díaz Arrué, y el director ejecutivo del ORES-FOVIME, coronel Orlando Gallegos Gonzáles.

Ramos pasó por alto algunas exigencias legales con el objetivo de suscribir el acuerdo con ORES-FOVIME, señalaron los auditores.

“El comandante general del Ejército, Luis Ramos Hume, a pesar de no contar con el informe técnico ni con los dictámenes legales correspondientes, aprobó la Hoja de Recomendación que disponía la transferencia de propiedad (de dos inmuebles del Ejército en Pueblo Libre) a favor del ORES-FOVIME y establecía que la contraprestación se efectuaría mediante la ejecución de obras”, explica la auditoría.

La Contraloría también cuestionó que el jefe del Comando de Personal del Ejército (COPERE), general Próspero Díaz Arrué, quien propuso el acuerdo con ORES-FOVIME, también era parte del directorio de esta entidad y de la Asociación Círculo Militar del Perú, relacionados con el caso.

Entre los participantes en los hechos son mencionados el jefe del Departamento de Asesoría Legal del Comando Logístico del Ejército (COLOGE), coronel SJE (Servicio Jurídico del Ejército) Rosendo Biamón Mendoza; el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército, coronel SJE Sigifredo Adrianzén Adrianzén; el asesor legal del COPERE, comandante SJE (r) Ysaías Tamayo Aucahuasi; y el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, el abogado Juan Zegarra Coello.

Papel en mano

Fuentes relacionadas con las personas señaladas como presuntos responsables de los hechos descritos por la Contraloría, manifestaron que todos sus actos fueron respaldados por el Ministerio de Defensa.

“La transferencia de los bienes inmuebles al ORES-FOVIME y la contraprestación se ha hecho respetando la normativa vigente y los conductos regulares, siendo validado el acto administrativo por el ministro de Defensa, Mariano Gonzáles Fernández, mediante la Resolución Ministerial 1005-2016”, indicaron.

“Se actuó conforme la normatividad que permite hacer disposición de inmuebles no considerados para la defensa, que puede hacerse mediante fideicomisos u otros contratos, o por contraprestación”, anotaron.

“Todos los documentos contractuales elevados a escritura pública han sido presentados, calificados y registrados por la SUNARP sin ningún tipo de observación porque están de acuerdo a normas legales vigentes”, resaltaron las fuentes.

Con relación a que el jefe del COPERE, general Próspero Díaz, era a su vez miembro del directorio del ORES-FOVIME, las fuentes confirmaron que efectivamente así fue. Pero no por decisión personal sino porque los estatutos de ORES-FOVIME incluyen como miembro del directorio a los generales que asumen el COPERE.

“El informe de auditoría es injusto porque solo seis funcionarios -5 oficiales del Ejército y el jefe de Asesoría Legal del Ministerio de Defensa- son involucrados. Sin embargo, el director de ORES-FOVIME, el jefe de Patrimonio del Ejército, el director de Gestión Patrimonial del Ministerio ni el ex ministro Mariano Gonzáles”, argumentaron las fuentes.