La ley y el desorden

Tomás Aladino Gálvez Villegas ocupa un cargo muy elevado en el sistema de justicia peruano: es fiscal supremo de la Nación, junto con Pedro Gonzalo Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Los tres son enemigos jurados de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, los responsables del Equipo Especial Lava Jato.

La semana pasada Tomás Aladino Gálvez se convirtió en protagonista de la noticia al solicitar el retiro de los fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato, aprovechando la indignación provocada por la demanda de la empresa Odebrecht al Estado peruano en el CIADI. “Se han arrodillado a Odebrecht y sus representantes para que les den la información que querían, sobre todo para desactivar políticamente a sus contrincantes”, declaró Gálvez.

Esta no es la primera oportunidad en que los fiscales supremos intentan sacar del camino a Vela y Pérez. Ya lo intentaron el Año Nuevo de 2019 y en agosto del año pasado, sin mayor éxito. La intentona de ahora está claramente concertada con la gente de Keiko Fujimori y periodistas afines al fujimorismo, así como con la banda delincuencial que se hace llamar “La Resistencia”, cuyo líder, que se hace llamar Maelo, está acusado de asesinato. La banda lumpen no tuvo mejor idea que ir a agredir y hostigar a la esposa del fiscal José Domingo Pérez, lo que pinta de cuerpo entero la catadura moral de los desadaptados y sus patrocinadores.

¿Cuáles son los títulos de los acusadores de Vela y Pérez? Un informe elaborado por la fiscal provincial del Callao Sandra Castro acusa al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y a otros 11 altos funcionarios de formar “parte de la organización criminal” Los Cuellos Blancos del Puerto. Entre los acusados figuran Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez Villegas. Gálvez tiene una orden de impedimento de salida del país por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal. No es mucho mejor la situación de Chávarry y de Rodríguez Monteza.

En una entrevista que Tomás Aladino Gálvez brindó a las periodistas Carla Harada y Perla Berríos, el sábado pasado, estas lo arrinconaron con sus preguntas y él respondió como un perfecto patán, machista y prepotente. Con todo, la entrevista fue útil por las declaraciones de Gálvez sobre lavado de activos. Él afirmó: “El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción”.

¿Qué dice la ley peruana al respecto? Según el artículo 394° del Código Penal se comete el delito de cohecho cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo. Así interpreta Gálvez las leyes que está obligado a hacer cumplir.

En un mes el nuevo Parlamento deberá decidir si reabre el caso Chávarry y asociados, y los otros actos delincuenciales archivados por el fujimorismo, como la contratación de empleados fantasmas en el Parlamento por Mauricio Mulder y Jorge del Castillo. La flamante Junta Nacional de Justicia, por su parte, tendrá que decidir si aparta o ratifica a los fiscales supremos cuestionados. Por sus obras los conoceremos.