Política

Gobierno asistirá a explicar DU ante el nuevo Congreso

Futuras relaciones. Una vez instalado el Pleno, el gabinete expondrá su plan de trabajo. Hay una duda en Palacio, ¿debe el nuevo Parlamento dar o no su voto de confianza?

Nuevos tiempos. Desde el Ejecutivo se espera que la convivencia con el Congreso que asoma resulte ser más llevadera.
Nuevos tiempos. Desde el Ejecutivo se espera que la convivencia con el Congreso que asoma resulte ser más llevadera.

Desde el Poder Ejecutivo existe expectativa por los resultados del 26 de enero. La conformación que adquiera el nuevo Pleno será clave en la relación que se establezca entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Lo que está claro es que el gabinete asistirá al nuevo Congreso para exponer su plan y los alcances de los decretos de urgencia aprobados. Esto ha sido confirmado por el premier Vicente Zeballos.

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Hay una duda en el gobierno. Tiene que ver con el hecho de si el Parlamento que asuma luego de los comicios extraordinarios debe darle o no la confianza al gabinete.

Lo que siempre ha ocurrido es que, ante un cambio de Consejo de Ministros, el Pleno escucha las políticas de gobierno y da el voto de investidura (o lo niega, de ser el caso).

Esta vez, la situación es a la inversa. El gabinete ha venido funcionando, y es el Congreso el que reiniciará funciones luego de su disolución.

El artículo 135 de la Constitución peruana establece lo siguiente: “Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario”.

Desde la mirada del Ejecutivo, no está del todo claro que dicho artículo establezca la obligatoriedad de que el Legislativo tenga que decidir si otorga la confianza o no al gabinete.

Es algo que se encuentra en evaluación, en todo caso.

Fraccionado

Las fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo luego de las elecciones generales del 2016 derivaron en la disolución constitucional del segundo, luego de que el gobierno entendiera que se le había negado −por segunda vez− una cuestión de confianza, que había sido presentada por el expremier Salvador del Solar.

Esta semana, el Tribunal Constitucional decidió, por cuatro votos contra tres, que la decisión del presidente Martín Vizcarra de declarar la disolución del Pleno fue un acto enmarcado dentro de los límites que establece la Constitución.

En Palacio consideran que las relaciones con el Congreso deben ser muy diferentes.

Lo anterior por una razón en especial: todos los sondeos serios advierten que la composición del Parlamento estará marcada por la presencia de varias bancadas, ninguna de ellas con una presencia hegemónica, como ocurrió la última vez cuando Fuerza Popular consiguió la mayoría absoluta con 73 escaños (aunque luego las deserciones redujeron el número hasta 55).

La expectativa del gobierno es que con un Pleno dividido en varios grupos, sin uno que tenga un poder excesivo sobre los demás, permitirá mantener relaciones más cordiales.

Es decir, Palacio considera que debería ser más sencillo llegar a acuerdos en el año y medio que queda por delante, hasta julio de 2021. Cabe señalar que en una reciente entrevista televisiva, el premier Zeballos declaró a la periodista Mávila Huertas que de ser el caso se podría presentar una cuestión de confianza para defender los decretos de urgencia que han sido aprobados por el gabinete en estos meses sin Congreso.

Se presentarán proyectos al Poder Legislativo

El Ejecutivo alista un conjunto de propuestas que alcanzará al Parlamento que se elija el domingo 26. Algunas de ellas tienen que ver con la reforma política.

Por ejemplo, se insistirá con un proyecto para impedir que las personas que tengan procesos penales en curso postulen a cargos de elección popular.

Segundo, se planteará, de nuevo, que la inmunidad parlamentaria sea levantada por una institución ajena al Congreso (el proyecto de reforma original, el cual no fue aprobado, proponía que esta responsabilidad sea asumida por la Corte Suprema).

Un tercer proyecto tiene que ver con la obligación de los partidos políticos de rendir cuentas de sus finanzas durante las campañas.

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