Candidatos a favor de la digitalización para una justicia transparente y ágil
Propuestas en la reforma judicial. Aspirantes al Parlamento de Perú Libre, Partido Morado, PPC, Frente Amplio, Contigo y Juntos por el Perú se comprometen a trabajar por la reforma de justicia y proponen una serie de proyectos.
Los candidatos al Congreso Manuel Benza de Perú Libre, Carolina Lizárraga del Partido Morado, Alberto Beingolea del PPC, Esther Álvarez del Frente Amplio, Juan Sheput de Contigo y Janet Marín de Juntos por el Perú resaltaron la necesidad de continuar con la reforma judicial postergada por el Parlamento disuelto.
En conversación con La República, la mayoría de ellos, como Alberto Beingolea (PPC), Juan Sheput (Contigo) y Janet Marín (JPP), coincidieron en poner en marcha la digitalización del sistema de justicia en aras de la transparencia, de combatir la corrupción y de una justicia más efectiva y ágil. Marín afirmó que impulsará la reforma de las exoneraciones tributarias para que exista el presupuesto para hacer realidad los expedientes judiciales digitales.
Otro punto en común fue la presencia o participación de la sociedad civil en el proceso de selección de los funcionarios que forman parte de este sistema, tal como lo expusieron Carolina Lizárraga (Partido Morado) y Manuel Benza (Perú Libre). Más aún, este último propuso la revocatoria para miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia.
Cabe destacar la propuesta de Esther Álvarez del Frente Amplio para la imprescriptibilidad del delito de omisión de la asistencia alimenticia y la mayor atribución penal para los juzgados civiles a fin de ejecutar estas deudas a favor de miles de mujeres.
Sin duda, el nuevo Parlamento tendrá temas pendientes por ver y otras propuestas para fortalecer aún más la justicia en nuestro país
Revocación en el sistema judicial
Manuel Benza - Perú Libre
El artículo 168 de la Constitución dice: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos”.
La realidad muestra que la administración de justicia no emana del pueblo y que es fácilmente corrompible, sin fiscalización popular posible. El Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público (MP), el Tribunal Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Defensoría del Pueblo (DP) deben constituirse por una combinación de la voluntad popular y de criterios técnicos. Jueces y fiscales de primera y segunda instancia deben ser elegidos por el pueblo entre ternas propuestas por sus máximos entes nacionales, en cada distrito judicial, revocables a mitad de mandato por el pueblo.
El defensor del Pueblo, como los miembros del TC y la JNJ, deben ser elegidos y revocados en los mismos términos.
Solo así habrá democracia en la justicia.
Sociedad presente en elección de TC
Carolina Lizárraga - Partido Morado
El equipo especial Lava Jato y Lava Juez ha desterrado los privilegios en la administración de justicia. Propondremos crear un sistema fiscal especializado en estos delitos, que contará con los recursos necesarios para realizar un trabajo técnico y sólido.
La designación de los miembros del TC no será por invitación, sino a través de un proceso de selección riguroso, público y transparente.
El pleno del Congreso designará una Comisión Especial con un representante por cada grupo parlamentario que se hará cargo del proceso. Las sesiones de esta comisión serán públicas y contarán con la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Promoveremos la aprobación a la brevedad posible del proyecto de ley que permita investigar sin trabas a jueces y fiscales sospechosos de estar involucrados en organizaciones criminales. El Proyecto de Ley 2644/2017 está ya en la Comisión de Justicia.
Tecnología en la reforma judicial
Alberto Beingolea - PPC
Aterrizaremos el tema del Acuerdo por la Justicia. Uno de los puntos será la reforma institucional que modernice y haga más eficiente todo el sistema.
Primero, incorporando tecnología y haciendo transparente todo el sistema de la administración de justicia.
Segundo, en la lucha contra la corrupción, hay que crear mecanismos internos y externos que garanticen que no se corrompa el sistema judicial.
Además, hay que asegurar el acceso a la justicia. Para ello hay que atender toda la complejidad territorial, la pluriculturalidad, superar las dificultades de acceso público a los lugares donde se administra justicia, las barreras lingüísticas, y culturales. Todas estas brechas que crean desigualdad en la reforma de justicia tenemos que cerrarlas.
También es crucial la selección, evaluación y capacitación de jueces y fiscales a través de una academia eficiente.
Pensión alimenticia bajo la lupa
Esther Álvarez - Frente Amplio
Estoy planteando dos propuestas legislativas que tienen que ver con la violencia económica, donde hemos encontrado vacíos legales, que generan impunidad para aquellos que no cumplen con la pensión alimenticia.
Uno de ellos tiene que ver con la imprescriptibilidad del delito de omisión por asistencia familiar porque, justamente, la justicia es lenta y las mujeres se terminan frustrando y cuando regresan por su liquidación y devengados la jueza dice que ya prescribió.
En el proceso civil se emite la sentencia y cuando pasa a la parte penal, porque se trata de un delito, si se demora más de tres años, prescribe.
El otro tema que estoy recogiendo del Poder Judicial es dar atribuciones penales al juzgado de paz letrado y al juzgado civil para la ejecución de la pensión de alimentos y así evitar toda esta penuria que pasan tantas mujeres en situación vulnerable.
Sistema de justicia digital
Juan Sheput - Contigo
Para consolidar lo avanzado en la reforma del sistema de justicia, que lamentablemente se circunscribe en la selección, se tiene que avanzar en tres elementos claves.
Primero, la total transparencia de la documentación judicial, de tal manera que no se convierta en un coto cerrado y factible de ser manipulado.
En segundo lugar, hay que generar las condiciones para fortalecer los proyectos que conviertan al sistema de justicia de analógico a digital, pues los procedimientos administrativos siguen siendo el gran escollo en la administración de justicia.
El otro aspecto es preocuparnos del aspecto formativo. En el plan de gobierno de Contigo figura que la Sunedu fiscalice la calidad de la formación en las facultades de derecho para que los egresados se conviertan en personas que entiendan la dimensión de nuestro sistema. Ese era el sentido de la reforma que, lamentablemente, no se ve en su conjunto.
Ocma autónoma del PJ
Janet Marín - Juntos por el Perú
La justicia es una herramienta de control social, pero existe un espacio convulsionado donde se ha perdido la esperanza en ella. Esta no se aplica por las demoras en los trámites de los expedientes y porque no se cuenta con un sistema técnico actualizado y moderno.
Por ejemplo, el tema del expediente judicial digital es algo que se ha venido hablando, pero poco se ha hecho porque no existe un presupuesto adecuado.
Para implementarlo se necesita un presupuesto y esto tiene que ver con la recaudación. Desde Juntos por el Perú estamos apostando por la reforma del artículo 74 de la Constitución que tiene que ver con las exoneraciones tributarias que es una forma de fuga del dinero que tiene que recaudar el país.
Otro tema es el sistema de control del sistema de justicia y vemos que la OCMA depende económicamente del Poder Judicial al que tiene que controlar. Debería depender de otra institución.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Lunes 25 de Noviembre del 2024