Persecución a la periodista Paola Ugaz

Cinco procesos judiciales contra Paola Ugaz por personas vinculadas al Sodalicio constituyen evidencia de la persecución que le ha planteado a la periodista esta agrupación camuflada de religiosa pero que, en realidad, ha sido un antro para la pedofilia y un biombo para negocios indebidos.

La última querella ha sido planteada por un exgerente de una empresa del Sodalicio, Carlos Gómez de la Torre Pretell, por una nueva denuncia por difamación agravada, por lo cual requiere una condena de tres años de cárcel y una reparación civil por dos millones de soles. Esta vez el caso lo ha hecho en Lima, a diferencia de oportunidades anteriores en que lo ha hecho en Piura.

El argumento de la demanda planteada contra Ugaz es absurdo pues le exige que pida a la cadena internacional de noticias Al Jazeera que retire de YouTube un documental sobre el Sodalicio en el que ella solo hace unos breves comentarios que están en línea con las investigaciones que ella ha realizado con Pedro Salinas, y las que sigue haciendo, esta vez sobre los negocios extraños de esta agrupación de fachada religiosa que ha sido protegida por el sector más conservador de la iglesia y de la política peruana.

Como el cardenal Juan Luis Cipriani, quien como arzobispo de Lima tuvo un comportamiento sospechosamente contemplativo con las denuncias sobre las violaciones y acosos sexuales, psicológicos y físicos del fundador del Sodalicio Luis Fernando Figari y su séquito de depravados.

O el exvicepresidente del fujimorismo Francisco Tudela, quien hace el ridículo al decir que “tanto el liberalismo radical como los marxistas son ateos. Y, entonces, esta negación de toda trascendencia no hace más que combatir a lo que ven como una institución tradicional peruana que es la iglesia católica. Aprovechan las inconductas de algunos miembros del Sodalicio para mantener ese ataque constante no solo contra el Sodalicio sino contra la iglesia católica en general”.

Este nuevo atropello contra la periodista Paola Ugaz usa otra vez al sistema judicial como pata de cabra para amedrentar el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio libre del oficio, lo cual se debe rechazar con toda contundencia y rigor.