Hernando Graña apeló embargos en su contra
Proceso. Primera Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado evaluó pedido del empresario.
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El exdirectivo de Graña y Montero Hernando Graña Acuña apeló la medida de embargos realizados por la Procuraduría ad hoc contra diversos bienes y cuentas bancarias en su contra por más de US$ 3,4 millones.
La Primera Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado evaluó su pedido; sin embargo, la defensa del empresario no acudió a la audiencia.
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En representación del Ministerio Público acudió el fiscal adjunto superior del Equipo Especial, Hernán Mendoza, así como el abogado de la Procuraduría ad hoc Miguel Chero Pretel.
Por lo que se ha podido conocer, la tesis de la Fiscalía radica en que tanto Hernando Graña como José Graña conocían de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por US$35 millones al expresidente de la República Alejandro Toledo, con el fin de viabilizar el proyecto de la carretera Interoceánica Sur.
Entre otras propiedades embargadas a Graña Acuña, figuran también tres cuentas bancarias del Banco de Crédito del Perú.
Tanto los bienes y montos retenidos al empresario y primo de José Graña Miró Quesada, tienen como finalidad intentar asegurar un pago de reparación civil a favor del Estado, en el caso de una eventual sentencia.
Al inicio de la sesión, la defensa de Hernando Graña envió un escrito para desistirse de la apelación. No obstante, al no estar consignada la firma del investigado, la audiencia continuó.
Caso Interoceánica y Odebrecht
Por este proceso penal sobre la Interoceánicas Sur (tramos 2 y 3). el procurador ad hoc Jorge Ramírez ha embargado anteriormente en bienes y activos la suma de S/25 millones.
Asimismo, en el caso están investigados también los representantes de Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA: José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone, Gonzalo Ferrero Rey y José Castillo Dibós por haberse asociado con Odebrecht para la adjudicación de la obra vial.
Actualmente, Hernando Graña tiene impedimento de salida del país por 36 meses y es colaborador eficaz en el caso Gasoducto Sur, también relacionado a coimas de la constructora Odebrecht.
