Piden ampliar indagación a peculado contra cuatro funcionarios del GRP
Delito. Sindicato de Gobierno Regional de Piura señala que usaron fondos que no corresponden para pagos de beneficios a personal contratado que cuenta con medidas cautelares.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios desarrolla la investigación preliminar al gerente general del gobierno regional, Jesús Torres Saravia; al gerente de Planeamiento y Presupuesto, Mario Otiniano, al jefe de Administración, Ronald Carmen y a la jefa de Recursos Humanos, Nancy Vega, por el presunto delito de malversación de fondos en agravio del Estado.
Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Piura ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que, en las indagaciones contenidas en el caso n.° 261-2019, se amplíen también por el supuesto delito de peculado porque los funcionarios habrían usado fondos públicos como si fueran suyos, para realizar el pago de beneficios a servidores contratados con medidas cautelares.
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En el documento, el sindicato argumenta que se habrían transferido partidas presupuestales de manera irregular que son para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, laudos arbitrales y similares.
Empero, señala que los funcionarios denunciados habrían procedido a destinar ese dinero para cancelar medidas cautelares y favorecer a personal contratado, pero incumplen sentencias judiciales consentidas de los sectores de Agricultura, Producción y sede del gobierno regional.
Asimismo están solicitando que se requiera a las oficinas de Administración y Recursos Humanos de la región la documentación detallada de los pagos y las partidas afectadas, así como las boletas y planillas correspondientes con las resoluciones de transferencia para cumplir con las medidas cautelares de los periodos 2018 y 2019.
“El gerente general regional, Jesús Torres, aprovechándose de su cargo, ha favorecido a personal como si los dineros públicos fueran de su patrimonio”, afirmó el secretario general del sindicato, Manuel Mejía Antón.
De igual manera la dirigencia sindical solicita a la Fiscalía Provincial Anticorrupción que efectúe el peritaje correspondiente y pida las planillas de lo pagado con dinero destinado para los servidores nombrados.
Además señala que la cancelación de los beneficios a los contratados permanentes se ha basado en un acta de compromiso firmada por el gerente Torres, donde señala que se cumplirá con los pagos de los beneficios de productividad, canasta de alimentos y racionamiento.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Lunes 25 de Noviembre del 2024