Defensoría del Pueblo: TC debe admitir la demanda de Pedro Olaechea
Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que el Tribunal Constitucional deberá tomar en cuenta el principio de función integradora y ordenar las relaciones entre los poderes.
La República en GoogleLa Defensoría del Pueblo consideró que el Tribunal Constitucional debería de admitir la demanda competencial, teniendo en cuenta que el martes 29 de octubre vence el plazo para que Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, entregue su proyecto de resolución sobre el documento que presentó Pedro Olaechea.
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“Esta forma de entender el ejercicio del poder ha conducido a los actores políticos a la actual crisis institucional. Por un lado, la Defensoría del Pueblo considera que no es posible que el Poder Legislativo haga ineficiente la cuestión de confianza, otorgándola formalmente con los votos, pero en la práctica, desnaturalizando los fines de la solicitud”, se lee en el informe de la Defensoría del Pueblo.
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“Por otro lado, asumir que se ha negado fácticamente la cuestión de confianza implica abrir un amplio margen de discrecionalidad que podría lindar con la arbitrariedad en el ejercicio de la facultad presidencial de la disolución del Congreso”, se añade.
Tras esto, la Defensoría del Pueblo concluye que el Tribunal Constitucional debe de admitir la demanda competencial y resaltó que tiene como principio su función integradora de ordenar las relaciones entre los poderes.
Sin embargo, anteriormente, los trabajadores de la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado en el que anuncian que se oponen a un pronunciamiento oficial y aseguran que respaldan la decisión de Martín Vizcarra de haber disuelto el Parlamento, tras dos cuestiones de confianza negadas al Ejecutivo.
“Como trabajadores de una entidad que tiene la obligación de coadyuvar a la reconstrucción y fortalecimiento del Estado de Derecho, consideramos que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, consistente en la disolución del Congreso, se encuentra dentro del marco constitucional pues responde a la reiterada actitud del Poder Legislativo de vulnerar los principios de transparencia y publicidad en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional”, anunció el sindicato de la Defensoría del Pueblo.
