Declaran fundada investigación contra el fiscal Pérez por denuncia de Chávarry

El fiscal José Domingo Pérez será objeto de una investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad luego de que el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, lo denunciara por el allanamiento de sus oficinas, en enero de este año.

La diligencia fue declarada fundada por la fiscal superior anticorrupción Escarleth Laura Escalante, de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima, tras culminar las pesquisas preliminares.

Además de Pérez, en las diligencias se comprende también al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, quien autorizó el allanamiento de las oficinas Juan Manuel Duarte Castro, en la Fiscalía de la Nación, cuando Pedro Chávarry las ocupaba.

De acuerdo a la denuncia del ex fiscal de la Nación, el fiscal José Domingo Pérez sustentó ante el juez Concepción Carhuancho el pedido de allanamiento tras considerar que Pedro Chávarry había actuado para interferir y hostilizar en las investigaciones que el Equipo Especial seguía contra Keiko Fujimori.

Sin embargo, la fiscal Escalante dio cuenta de que esos hechos ya habían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de la Nación el 21 de diciembre pasado por medio de la disposición 94-2018.

En su resolución, la fiscal Escalante señala que “el mismo fiscal investigado [José Domingo Pérez] reconoce, en la citada disposición 94, que el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos goza de prerrogativas constitucionales por su condición de fiscal de la Nación, ante lo cual el fiscal investigado no tenía competencia para investigar; y, por tanto, estos hechos no eran materia de investigación a cargo del fiscal (Pérez)”.

En esa línea, la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima atribuye a Pérez la ejecución del allanamiento y la incautación de bienes en las oficinas de Edgar Peralta Lino y Max Aranda Fernández, asesores de la Fiscalía de la Nación, cuando no tenía autorización judicial para hacerlo.

Tanto Pérez como el juez Concepción Carhuancho rechazaron haber incurrido en la comisión del delito que se les imputa porque, en el caso del primero, este señaló que los hechos que se le atribuyen ya fueron archivados el 31 de enero pasado.

Por su parte, el juez Richard Concepción Carhuancho indicó que "no se cometió acto arbitrario contra el denunciante [Pedro Chávarry, porque] no se dictó medida alguna en su contra, sino en contra de la oficina de Juan Duarte”.

Además, el magistrado añadió que en las resoluciones que emitió, no se consideró a Chávarry como investigado.

Tras analizar la denuncia interpuesta por Chávarry, la fiscal Escalante determinó que el fiscal Pérez no tenía las competencias para investigar al fiscal supremo. Además, sostuvo que el mismo Pérez formuló el pedido para allanar las oficinas cuando ya se había ordenado “la derivación de la noticia criminal al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación”.

“Correspondía a dicha área realizar las investigaciones”, consideró la fiscal Escalante, y, en esa línea, concluyó que los hechos que se atribuyen a Chávarry "no podrían constituir el sustento del requerimiento de allanamiento”.

“El requerimiento de allanamiento tendría como finalidad hechos vinculados con la disposición 94, esto es, sobre hechos que el mismo fiscal investigado reconoce que no tienen competencia para investigar, como son los supuestos actos de encubrimiento real y persona por parte del fiscal supremo”, concluyó la fiscal Escalante.

Para la fiscal, no había justificación objetiva para que José Domingo Pérez concluyera que las oficinas allanadas correspondían al asesor Juan Manuel Duarte. Además, se señala que, aún sin contar con autorización judicial para llevar a cabo la diligencia, esta sí procedió.

“En consecuencia, la suscrita, es de la opinión que debe declararse fundada la investigación preliminar seguida contra José Domingo Pérez Gómez, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial. Así como para el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal nacional, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Abuso de Autoridad en agravio del Estado”, señala la resolución de la magistrada.