Gobernadores regionales respaldan a Martín Vizcarra en adelanto de elecciones
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, presidida por Mesías Guevara, se pronunció sobre la propuesta del Ejecutivo. Asimismo, se refirió a los casos judiciales de algunos gobernadores regionales.
La República en GoogleEn comunicado oficial, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señaló que respalda la iniciativa del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales para 2020 por las continuas discrepancias entre el Gobierno y el Congreso de la República.
“Solicitamos al Ejecutivo, en la persona del señor presidente de la República, Martín Vizcarra, imponga la constitución, y los mecanismos legales para desarrollar el proceso de adelanto de elecciones que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Asimismo, en coordinación permanente con los gobiernos regionales y locales, dinamizar las economías que permitan un crecimiento sostenido, principalmente con inversión pública”, se lee en parte del comunicado.
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A la vez, el escrito se refiere a los casos que viene revisando la Fiscalía y el Poder Judicial de algunos gobernadores regionales. La ANGR, presidida por el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, pide “transparencia” y que se respete el “debido proceso”.
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“Invocamos al Poder Judicial justicia, transparencia y respeto irrestricto a la legalidad y el debido proceso en los casos que involucra a gobernadores regionales; le pedimos alejar la política de los fallos judiciales, lo contrario sería una amenaza a la gobernabilidad de las regiones y a la libertad de los líderes regionales”, se sostiene.
“Exhortamos a la ciudadanía, estar vigilante en defensa del Estado de derecho, la institucionalidad democrática y la justicia social y, contra quienes se aferran a un sistema de corrupción que tanto daño le ha hecho al Perú”, añade la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
En la actualidad, el presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, viene siendo enjuiciado por presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano por el caso del saneamiento de La Oroya.
A su turno, el presidente regional de Puno, Walter Aduviri, se encuentra prófugo tras ser sentenciado por el caso “aimarazo”. Se le encontró responsable de ser coautor no ejecutivo de delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios en 2011.
