Fuerza Popular rechaza imputación fiscal por presunta organización criminal
Mediante comunicado, el partido fujimorista señaló que no incurrieron en lavado de activos. Son investigados por presuntos aportes de Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
- Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos
- Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso
Fuerza Popular se pronunció a raíz de la disposición del fiscal José Domingo Pérez de formalizar la investigación al partido fujimorista por presunto lavado de activos y bajo los alcances de la Ley de Crimen Organizado.
La decisión del magistrado se produjo el 31 de julio, dentro de la indagación a Keiko Fujimori y demás miembros de la cúpula de la organización naranja.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ Y SU CUENTO CHINO + ELECCIONES Y CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Frente a ello, Fuerza Popular señaló a través de un comunicado que “rechaza las afirmaciones” del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, “quien imputa como organización criminal a nuestro partido político”.
Además, consideraron que la disposición fiscal significa una “politización de la justicia”, reiterando su idea de una persecución contra los líderes naranjas con el objetivo de “eliminar del escenario político a nuestra agrupación, sin tener sustento alguno y sin haber concluido con dichas investigaciones”.
“Negamos que Fuerza Popular sea una organización criminal y que haya incurrido en el delito de lavado de activos, porque los aportes de campaña e ingresos partidarios se realizaron a través de movimientos bancarios y con emisión de recibos”, señala el comunicado del partido, en el que posteriormente ponen la atención en el caso del Gasoducto del Sur Peruano, el reembolso a Odebrecht y los allanamientos a los locales del fujimorismo.
Según la disposición fiscal, se incorpora a Fuerza Popular como persona jurídica. Para esto se ha tomado como antecedente al Partido Nacionalista de Ollanta Humala y Nadine Heredia –también se encuentran investigados por lavado de activos y por el que el fiscal Germán Juárez Atoche ha pedido la disolución de la organización–.
Además se sustenta bajo el Acuerdo Plenario 01-2017, donde se establece que el partido puede ser una organización criminal si los dirigentes crean “una organización criminal con estructura propia con cobertura de la estructura partidaria”.
Así como en el caso del Partido Nacionalista, la Fiscalía podría solicitar la desaparición de Fuerza Popular.
